Anteproyecto Refor CPCC Sta.Fe Subasta Electrónica

2022-09-16 00:00:00

SECCIÓN VI CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

ARTÍCULO 486 - Desapoderamiento de cosas o valores. Si la sentencia contiene condenación de dar cosas o valores, corresponde librar mandamiento para desapoderar de ellos al obligado.

ARTÍCULO 487 - Venta en remate público de créditos, acciones, fondos públicos, muebles o semovientes. Si lo embargado consiste en créditos, acciones, fondos públicos u otros títulos, en muebles o semovientes, se procede a su venta en remate público, sin necesidad de tasación, por el martillero que se designe. La venta se debe anunciar por edictos publicados de dos (2) a cinco (5) veces, según su importancia, sin mencionarse el nombre del ejecutado. Si se trata de títulos, acciones o bienes cotizados oficialmente en los mercados de valores o bolsas de comercio debidamente autorizados, el acreedor puede pedir que se le den en pago al precio de la cotización correspondiente al día de la sentencia o que se vendan por un corredor de bolsa que designa el juzgado sin formalidad alguna si no media acuerdo de partes. El deudor, puede formular oposición incidental fundada, dentro de cinco (5) días de notificado de la petición de ejecución que formule el ejecutante sobre los créditos y acciones litigiosas o que pertenezcan al heredero de una sucesión o al cónyuge sobreviviente respecto de los gananciales a los fines de que, no puedan venderse forzadamente, prohibición que no importa la de embargo.

ARTÍCULO 488 - Citación a acreedores con prenda o hipoteca. Tratándose de bienes afectados por prenda o hipoteca, se cita a los acreedores en la forma ordinaria con anticipación no menor de diez (10) días al remate o forma de realización ordenada, a fin de que tomen la intervención a que tengan derecho en la medida de su interés legítimo.

ARTÍCULO 489 - Realización de inmuebles. Valuación. Si los bienes son inmuebles, se solicita a la Administración Provincial de Impuestos o a la oficina respectiva que dentro del término de cinco (5) días informe sobre la valuación de aquéllos a los efectos del pago del impuesto inmobiliario, la cual debe ser tenida en cuenta por el juez a los fines de fijar la base para el remate y sus eventuales retasas. A falta de esa valuación, el juez oficiará a la Administración Provincial de Impuestos o a las oficinas respectivas para el empadronamiento y avalúo del bien a rematar.

ARTÍCULO 490 - Informes sobre deudas relativas al inmueble. Constatación de ocupación. Se debe solicitar, asimismo, a las oficinas públicas nacionales, provinciales y municipales, un informe sobre los impuestos, tasas y contribuciones que adeude el inmueble. Si corresponde, se debe requerir informe de expensas comunes. Se practicará constatación del estado de ocupación del inmueble, su composición, estado de conservación, ocupantes y carácter de los mismos. En caso de no ser el ejecutado, el ocupante debe denunciar su carácter y exhibir los documentos que lo acrediten, en su defecto contará con tres (3) días para hacerlo ante el juez, sin necesidad de otra comunicación.

ARTÍCULO 491 - Informe de dominio y los gravámenes. Obtención del título de propiedad. Se debe requerir, también, un informe al Registro General sobre la inscripción del dominio y los gravámenes y embargos que reconozcan los bienes inmuebles, y acerca de las inhibiciones anotadas a nombre del deudor. El juez ordenará al ejecutado que, en el término de cinco (5) días, presente los títulos de propiedad, bajo apercibimiento de efectuarse copias, a su costa, de los protocolos públicos.

ARTÍCULO 492 - Edictos. Orden de Venta. Rechazo de suspensión con causa anterior. Obtenidos dichos informes y practicadas las diligencias que el ejecutante puede solicitar para subsanar los defectos de que adolecieren los títulos, se procede a la venta del inmueble en remate público o modalidad que se determine, por un martillero sorteado si las partes no lo designan de común acuerdo. El remate se anunciará por edictos publicados por lo menos tres (3) veces en cinco (5) días. No se mencionará en ellos el nombre del ejecutado, salvo que el juez lo ordene expresamente por tratarse de propiedades cuya mejor individualización lo requiera. En esta misma oportunidad debe indicarse el estado de ocupación del inmueble. La pretensión de suspensión del remate o venta formulada por cualquiera de las partes que se funde en motivos, razones o derechos que pudieron alegarse o ejercerse dentro de los cinco (5) días de notificado el decreto que dispuso aquél, debe ser rechazada sin más trámite.

ARTÍCULO 493 - Autoridades de la venta forzada. Procedimiento. Condiciones de venta. Martillero. Remate, Licitación y Subasta Electrónica. Todo remate judicial o venta se efectúa, bajo pena de nulidad, ante el secretario o juez comunitario de las pequeñas causas que se designe y en el juzgado o lugar en que determine el poder judicial. Sin embargo, el juez puede disponer que se realice en otro sitio si hubiere alguna razón que lo justifique. El secretario o juez comunitario de las pequeñas causas, en su caso, preside el acto y tiene las facultades necesarias para asegurar el normal desarrollo del mismo. En todos los casos en los que se prevea la realización de los bienes por remate público, puede éste ser reemplazado por subasta electrónica o licitación pública, conforme las circunstancias del caso en decisión inapelable. En dichos casos, se procederá de la siguiente manera: 1) El martillero designado debe proyectar las condiciones de la venta, en las que describirá el bien a realizar, su estado de ocupación, dominio, gravámenes y embargos que reconozca, las inhibiciones anotadas a nombre del deudor, informe de impuestos, tasas y expensas, la base con la que saldrá a la venta que debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 489, y demás circunstancias que considere de interés. El contenido definitivo del pliego lo decide el juez mediante resolución que debe dictar dentro de los tres (3) días de la presentación del proyecto por el martillero actuante. Redactado el pliego definitivo de condiciones, la venta se anunciará por edictos que se publicarán por el término establecido en el artículo 492 los que, además de las precisiones que establecen los incisos 2 y 3 del artículo 494, deben contener el juzgado y secretaría donde se ordene la venta, la base a partir de la cual se aceptarán las ofertas. Sin perjuicio de ello el juez puede autorizar o disponer una mayor publicidad. 2) En caso de licitación pública, el plazo y forma en que las ofertas deban presentarse y la fecha de audiencia para la apertura de ofertas. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado y contener el nombre, domicilio real y legal, documento de identidad, profesión, edad, estado civil del oferente y expresar el precio ofrecido. Tratándose de personas jurídicas o sociedades, deben acompañar copia auténtica de sus estatutos o contrato social y los documentos que acrediten la personería del firmante. Dentro del sobre respectivo el oferente debe acompañar boleta de depósito judicial equivalente al diez (10) por ciento del precio ofrecido, en moneda de curso legal o extranjera, en cuenta a la vista o a plazo fijo renovable cada día como máximo, en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, con más un tres (3) por ciento para cubrir la eventual comisión del martillero actuante. A cada sobre presentado el secretario le impondrá el mismo cargo que el correspondiente al escrito que anuncia su presentación. En la fecha designada el juez procede a la apertura de sobres en presencia del secretario, las partes del juicio o sus apoderados y de todos aquellos que hubieren presentado ofertas, si asisten. El secretario rubrica cada una de las ofertas presentadas y levanta acta de apertura, debiéndose poner los autos de manifiesto por cinco (5) días a los fines previstos por el artículo 498, que se aplicará en lo pertinente. Si el acto de apertura fracasa como consecuencia de circunstancias excepcionales que hayan perturbado su desarrollo, dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez puede proceder a dicha apertura en presencia del secretario y dos (2) testigos ajenos al tribunal, con las formalidades previstas en el inciso anterior. La adjudicación debe recaer en la oferta que ofrezca el precio más alto. En caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas. Aprobada la venta, se ordenará librar órdenes de pago en favor de los restantes oferentes, por las sumas depositadas al ofertar. Si no se presentan ofertas, la licitación es declarada desierta y el juez dispondrá lo que considere pertinente, en orden a la realización del bien. 3) La subasta electrónica debe garantizar la participación telemática de una cantidad de personas identificadas, similar a los ámbitos edilicios de desarrollo de subastas presenciales referidos en el primer párrafo de este artículo, y la garantía de mantenimiento de oferta conforme se decida y anuncie previamente. El acto se debe documentar digitalmente y/o electrónicamente, sin perjuicio de realizar el acta en formato papel. En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente se aplican las normas procesales relativas a la subasta.

ARTÍCULO 494 - Exhibición de título. Contenido de anuncios de venta. Los títulos de propiedad, si fueren presentados, deben permanecer de manifiesto en la oficina durante los anuncios del remate, remate electrónico o licitación pública. Los anuncios deberán expresar: 1) el juzgado y secretaría en el que se ordene la venta, el día, hora y sitio en que ella tendrá lugar o las modalidades de tratarse de remate electrónico o licitación pública, el nombre del titular del dominio del bien cuando así estuviere mandado, los gravámenes que éste tenga y las inhibiciones anotadas, y la base de la que deben partir las posturas; 2) la manifestación de que los títulos de propiedad están en secretaría para ser examinados o que no existen títulos; y, 3) la advertencia de que los adquirentes deben conformarse con los títulos o las constancias de autos en su caso, y que después del remate o licitación pública no se admitirá reclamación alguna por insuficiencia o falta de ellos.

ARTÍCULO 495 - Suspensión provisoria por pago. Antes de verificado el remate, puede el ejecutado o un tercero por cuenta de éste liberar los bienes pagando el capital, intereses y costas. Si el pago se efectúa en el acto del remate, el secretario o el juez comunitario de las pequeñas causas debe apreciar provisoriamente la suficiencia de aquél y suspendiendo, en su caso, la subasta. No puede realizarse el pago referido luego de realizada la venta.

ARTÍCULO 496 - Fracaso por falta de postores. Retasa. De no haber postores, el actor puede pedir un nuevo remate, en cuyo caso, se reducirá la base en un veinticinco (25) por ciento. Si a pesar de la reducción no se presentan postores, se ordenará una nueva subasta sin base. En tales supuestos, se reduce a la mitad el número de publicaciones. Pueden disponerse los mecanismos de reducción para el mismo acto.

ARTÍCULO 497 - Fracaso por culpa de postor remiso. Nueva venta. Responsabilidad ejecutiva. Si por culpa del postor a quien se adjudicó los bienes, no tiene efecto la venta, se procederá a nuevo remate. Aquél es responsable, por la vía ejecutiva, de la disminución del precio, de los intereses acrecidos y de las costas causadas por tal motivo, más una multa de hasta un veinte (20) por ciento del valor de compra, determinado en jus arancelarios imputables a la planilla del juicio. El martillero debe exigir en el acto, en todos los casos, bajo pena de responder personalmente por él, el diez (10) por ciento del precio. A falta de esa entrega, continua el remate partiéndose de la penúltima postura, prosiguiendo con la puja.

ARTÍCULO 498 - Aprobación de la venta. Trámite. Verificada la subasta, se pondrán los autos de manifiesto por cinco (5) días para que sean examinados por los interesados. No se admitirán más impugnaciones que las relativas al remate. Si son deducidas por el comprador, no podrá formularlas sin depositar el saldo del precio, con el cual no se efectuará pago alguno mientras pendiere la reclamación. Vencido el término sin impugnaciones o sustanciadas las que se formularen, el juez dicta el auto que corresponda sobre el mérito del remate, el que sólo es apelable si se trata de inmuebles y haya mediado oposición.

ARTÍCULO 499 - Pago de saldo de precio. Planilla liquidación de juicio. Ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, se mandará que el adjudicatario de los bienes consigne el precio a la orden del juez, en el banco destinado a los depósitos judiciales y que se haga la liquidación del capital, intereses y costas. Una vez que es depositado el saldo del precio, el secretario debe librar oficio al registro correspondiente a fin de proceder a la inscripción marginal de la subasta, adjuntando copia del acta respectiva.

ARTÍCULO 500 - Compra con crédito del ejecutante. El acreedor hipotecario o el ejecutante que adquiera la cosa ejecutada sólo están obligados a consignar el excedente del precio de compra sobre sus respectivos créditos o la suma, prudencialmente estimada por el juez, que falte para cubrir los impuestos y gastos causídicos cuando éstos no puedan ser satisfechos con aquel excedente.

ARTÍCULO 501 - Aprobación de planilla. Practicada la liquidación, se pone de manifiesto por cinco (5) días y vencido ese término, el juez, sin más trámite, la aprueba o manda a reformarla.

ARTÍCULO 502 - Costas del ejecutado. Las costas causadas por el deudor para su defensa no pueden ser pagadas con los bienes de la ejecución sin que esté cubierto el crédito ejecutivo, sus intereses y costas.

ARTÍCULO 503 - Depósito para acreedores preferentes. En caso de haber otros acreedores con preferencia se deposita el importe de sus créditos en el establecimiento destinado al efecto y el resto es aplicado al pago del ejecutante.

ARTÍCULO 504 - Inmueble desocupable por el ejecutado. Plazo. Si se trata de inmuebles y el ejecutado se encuentran ocupándolos, el juez, discrecionalmente, le fijará un término para su desocupación que no puede exceder de quince (15) días, computándose los inhábiles, bajo apercibimiento de lanzamiento.

ARTÍCULO 505 - Cancelación de gravámenes. Inscripción a favor de comprador. A solicitud del comprador se mandarán cancelar las inscripciones de las hipotecas que gravan el inmueble, expidiéndose para ello despacho en que conste que la venta se hizo en remate público por orden judicial, que fueron citados los acreedores hipotecarios y el destino que se hubiere dado al precio de venta. Toda venta, a elección del comprador, puede inscribirse conforme lo siguiente: 1) El juez debe otorgar la escritura pública con transcripción de los antecedentes de la propiedad, testimonio del acta del remate, auto aprobatorio, toma de posesión y demás elementos que se juzguen necesarios para la inobjetabilidad del título. 2) Puede el comprador limitarse a solicitar testimonio de las diligencias relativas a la venta y posesión para ser inscriptas en el Registro General, previa protocolización o sin ella.

ARTÍCULO 506 - Trámite citatorio a acreedores preferentes. Prelación de embargos. Si existen embargos o inhibiciones de fecha anterior, se exhorta a los jueces que los ordenaron a fin de que emplacen a los peticionarios a presentarse deduciendo sus reclamos dentro de diez (10) días, bajo apercibimiento de cargar con las costas por la reclamación tardía. Salvo la existencia de privilegios o concursos, los embargos o inhibiciones fijan por su fecha de anotación el orden de preferencia. Los posteriores se mandan levantar por intermedio de los jueces respectivos, los que notificarán previamente a los solicitantes.

Reglamento Oficina Subastas Judiciales CSJN

2022-09-16 00:00:00

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Resolución 60/2005

Apruébase el Reglamento para la Oficina de Subastas Judiciales.

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil cinco, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la Presidencia del Dr. Beinusz Szmukler, los señores consejeros presentes,

VISTO:

El expediente 7/2003 caratulado "Proyecto de reforma del Reglamento de la Oficina de Subastas", iniciado por el titular de dicha Oficina, Dr. Carlos Parga, y

CONSIDERANDO:

1°) Que la Oficina de Subastas Judiciales fue creada por Acordada 10/99 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y transferida a este Consejo de la Magistratura por Acordada 23 del 14 de octubre del 2003, con fundamento en la ley 24.937, modificada por la ley 24.939.

2°) Que, por resolución 288/04, este Consejo dejó sin efecto la presencia obligatoria de secretarios y prosecretarios administrativos en todas las subastas que se realicen en la Capital Federal, salvo disposición del juez de la causa, modificando de ese modo la Acordada 10/99. Asimismo, dispuso que el Jefe de la Oficina de Subastas realizara el informe sobre el desarrollo de cada remate y cualquier otra cuestión que pudiera resultar de interés, para su agregación a las actuaciones. Asimismo, se limitó dicho informe, en atención a la escasa cantidad de personal de dicha Oficina, a los casos en que se advirtieran irregularidades en el desarrollo de la subastas y se dispuso que las irregularidades fueran puestas en conocimiento de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura.

3°) Que analizada la propuesta de reglamento presentada por la Oficina de Subastas en varias reuniones de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial, se resolvió dar vista a la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, en cuya sede se llevan actualmente a cabo las subastas, organización que aportó su propio proyecto.

4°) Que fueron asimismo convocados a reuniones de la citada comisión los representantes de dicha organización y el Jefe de la Oficina de Subastas, los que expusieron sus puntos de vista sobre cada uno de los temas en discusión. Los indicados presentaron, además, nuevos documentos en los que plantearon objeciones o concordancias respecto de las alternativas que se ponderaban durante el estudio efectuado, garantizando de este modo un amplio debate con los interesados.

5°) Que, como consecuencia de ello, se determinó la necesidad de aumentar la transparencia de las subastas judiciales y evitar entorpecimientos por parte de grupos de postores, limitando el accionar de la llamada "liga de compradores", sin perjuicio de observar que la situación podría resultar sustancialmente mejorada si se dispusiera de una sede propia del Poder Judicial de la Nación, para llevar a cabo dichas subastas.

6°) Que, a partir de dichos antecedentes, se redactó un proyecto de reglamento que contiene reglas específicas respecto de los horarios y prosecución de los remates judiciales en caso de suspensión; turnos; identificación de concurrentes; registro informatizado de subastas y arancel por abonar, que se mantiene en el porcentual establecido originalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

7°) Que con el fin de evitar la repetición de situaciones que fueran denunciadas, se jerarquiza la función del Jefe de la Oficina, que se propone sea un Director, y se ratifican y explicitan sus facultades disciplinarias, en cuanto tiene a su cargo la dirección del personal policial asignado. También se mantiene la videograbación de las subastas que se realicen.

8°) Que, por otra parte, a los fines de impedir maniobras tendientes a incrementar el valor de las ofertas sin la verdadera intención de adquirir el bien y, además, evitar el fracaso de la subasta —teniendo en cuenta los gastos y demoras en los que se incurrirían al convocar a un nuevo remate—, en aquellos casos en los que el último oferente no contara con el dinero suficiente para hacer frente a la seña de lo subastado se habilitará al martillero a reiniciar las posturas desde la base o, en caso de que ésta no haya sido establecida, a consultar con el Juzgado el monto en que debe comenzar la puja. Ello sin perjuicio de la denuncia penal contra quienes de ese modo u otros similares obstaculizaron la realización de las subastas.

9°) Que con el fin de garantizar la publicidad de los actos que se realizan, se determina la publicación en la página Web del Poder Judicial de la Nación, tanto de las subastas por realizar como de los precios obtenidos en cada caso, o de la falta de ofertas.

10) Que se veda el mandato tácito, salvo disposición del juez de la causa, con el fin de evitar el accionar típico de las "ligas de compradores", disponiéndose la identificación del poderdante o del comitente, en caso de mandato o de compra en comisión.

11) Que se dispone que el Director de la Oficina de Subastas ponga en conocimiento del Secretario General del Consejo de la Magistratura el incumplimiento de las obligaciones inherentes a los martilleros, quedando a cargo del Secretario General otorgar el trámite disciplinario que corresponda. Las comunicaciones sobre irregularidades serán efectuadas, asimismo, al juez de la causa.

12) Que se establece, por último, la obligación del Director de la Oficina de Subastas de informar mensualmente al Secretario General del Consejo de la Magistratura sobre la tramitación de las subastas, su resultado y los importes recaudados por el arancel, por medio de un programa informático que deberá ser implementado para tal fin.

13) Que, elaborado el proyecto como dictamen 16/04 de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial, fue remitido para su conocimiento a las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y en lo Civil y Comercial Federal, el 16 de julio del corriente año, recibiéndose observaciones y propuestas de la primera de las mencionadas, y también del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso respecto del horario de funcionamiento propuesto para la Oficina. Analizadas estas observaciones, se introdujeron algunas modificaciones en el proyecto original.

Por ello,

SE RESUELVE:

Aprobar el "Reglamento para la Oficina de Subastas Judiciales" que obra como anexo de la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina. Firmado por ante mí, doy fe. — María L. Chaya. — Luis E. Pereira Duarte. — Jorge O. Casanovas. — Marcela V. Rodríguez — Abel Cornejo. — Beinusz Szmukler. — Juan J. Minguez. — Claudio M. Kiper. — Victoria P. Perez Tognola. — Humberto Quiroga Lavié. — Juan G. Gemignani. — Joaquin P. da Rocha. — Eduardo D. E. Orio. — Jorge R. Yoma. — Buindo B. Caviglione Fraga. — Ricardo Gómez Diez. — Pablo G. Hirschmann.

ANEXO

REGLAMENTO PARA LA OFICINA DE

SUBASTAS JUDICIALES

Artículo 1

En la Oficina de Subastas Judiciales se llevarán a cabo todas las subastas de inmuebles, muebles, derechos, acciones, valores mobiliarios y semovientes ordenadas por los señores magistrados, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el control y supervisión del Director de la referida dependencia.

Artículo 2

La Oficina de Subastas Judiciales estará a cargo de un Director que posea título de abogado. El personal asignado a la Oficina de Subastas Judiciales dependerá del Director de la mencionada dependencia.

Artículo 3

Hasta tanto se habilite la sede definitiva, la Oficina de Subastas Judiciales seguirá funcionando temporariamente en la sede de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de esta Ciudad. El edificio y las salas de remate de la Corporación permanecerán abiertos para su utilización todos los días hábiles desde las ocho a las dieciséis horas, sin perjuicio de que algún acto puede proseguir hasta su finalización en el mismo día o en el siguiente hábil, a la hora en que en ese mismo acto establezca el Director de la Oficina, de acuerdo a los artículos 152 y 154 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En el caso de disponerse la suspensión y prosecución por razones horarias para el día siguiente hábil, se dejará constancia de dichos extremos en un libro de registro que se habilitará al efecto. Antes de la suspensión, deberá anunciarse de viva voz la fecha y hora de continuación de la subasta, a todos los presentes. En principio, el Director de la Oficina asignará turnos sólo hasta las catorce horas, extendiéndolo hasta las dieciséis, en caso de necesidad. En los supuestos de ventas de automotores ordenadas en diferentes causas, podrán asignarse turnos sucesivos para la mayor convocatoria de interesados.

Artículo 4

En el supuesto de subastas que impliquen la concurrencia de un número de interesados superior al que las instalaciones de la sede admita, o en razón de alguna característica especialísima que así lo amerite, por vía de excepción, a solicitud del magistrado interviniente y con autorización expresa del Secretario General del Consejo de la Magistratura, se podrá efectuar el remate en otra sede. El juez que efectúe tal pedido deberá fundar sucintamente las razones de aquél, y dirigirlo al titular de la Oficina quien, con opinión sobre el particular, lo elevará al Secretario General del Consejo de la Magistratura para su consideración. En el supuesto que la subasta se lleve a cabo en otra sede, deberá ingresarse el arancel previsto por el artículo décimo de este reglamento.

Artículo 5

La Oficina de Subastas Judiciales recibirá la comunicación del Juzgado que ordena el remate, a fin de que el titular de la dependencia determine el turno para llevar adelante el acto. La asignación de salón y tiempo estimado para la celebración de aquél quedará a exclusivo criterio del Director de la Oficina, quien deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características particulares del bien por subastar, el tribunal que interviene, el martillero designado y la cantidad de público que eventualmente pudiere concurrir al acto. A tal fin, en la solicitud de reserva deberá constar: individualización del tribunal que ordena la subasta, martillero/s designado/s, carátula del expediente e identificación de los bienes a rematar (en caso de inmuebles: ubicación y una somera descripción; en caso de tratarse de un remate de bienes diversos: cantidad aproximada de lotes; en caso de rodados: marca, modelo y dominio), la base de venta en caso de encontrarse establecida y las demás condiciones y modalidades de la venta dispuestas por el magistrado que ordena el remate. Deberá indicarse asimismo las personas autorizadas para el diligenciamiento de la solicitud.

Artículo 6

Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la comunicación del Juzgado, la Oficina librará un certificado por cada reserva efectuada, para ser entregado al martillero interviniente, o a quien haya sido autorizado para su diligenciamiento, en el que deberá individualizarse: fecha de emisión, el tribunal que ordena el remate, la carátula del expediente, nombre del martillero, la fecha y el horario en que tendrá lugar el remate, con mención expresa de que aquél deberá comenzar puntualmente. En caso de no ser utilizada la reserva de la sala, el martillero designado deberá comunicar por escrito esta circunstancia a la Oficina, con la mayor anticipación posible.

Artículo 7

En el supuesto que el oficio presentado por el martillero solicitando reserva de sala no se correspondiere con la cantidad de bienes por subastar o con la modalidad ordenada por el magistrado para realizar la subasta, y siempre que no hubiere lugar para subsanar el error, el Director de la oficina podrá disponer el cambio de fecha de remate, haciéndolo saber al magistrado que interviene. En el caso en que haya transcurrido el tiempo de reserva otorgado y la subasta no haya concluido, cualquiera fuere la causa, el titular de la Oficina de Subastas deberá disponer su continuación en otra sala el mismo día, y/o su prosecución para el primer día hábil en que haya disponibilidad de sala, en los términos y condiciones establecidos en el artículo tercero de este reglamento.

Artículo 8

El Director de la Oficina deberá implementar un sistema de identificación personal de los asistentes a los remates.

Artículo 9

La Oficina de Subastas llevará registro informatizado de todos los remates que se realicen, el que deberá reflejar sus datos identificatorios, así como cualquier otra indicación complementaria que contribuya a reflejar las particularidades del acto, debiendo comunicarse al Consejo de la Magistratura para su publicación en la página Web del Poder Judicial de la Nación, dentro de las veinticuatro horas de la presentación en la Oficina de Subastas del volante a que hace referencia el artículo undécimo de este reglamento, o de la primera publicación del edicto en el Boletín Oficial.

Artículo 10

En los edictos y en la publicidad adicional deberá incluirse, entre los conceptos por abonar por el comprador en el acto de la subasta, un arancel del veinticinco centésimos por ciento (0,25%) del precio obtenido en el remate, para solventar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la Oficina de Subastas, arancel que deberá ser depositado por el martillero actuante en la cuenta correspondiente de la agencia habilitada a tal fin por el banco oficial en el local sede de la Oficina de Subastas. Dicho arancel será puesto en conocimiento por parte de los martilleros a viva voz en cada subasta cuando tal circunstancia no haya sido indicada en los edictos correspondientes.

Artículo 11

Una vez asignados los turnos, contemporáneamente a la publicación de los edictos, el martillero deberá presentar en la Oficina de Subastas Judiciales un volante que deberá contener una síntesis de los datos relevantes de la subasta para su colocación en el exhibidor del edificio.

Artículo 12

El Director de la Oficina de Subastas Judiciales tendrá la dirección del personal policial destacado en el edificio, el que colaborará en la adopción de las medidas necesarias para el libre acceso de los que asistan a las subastas y asegurará su normal desarrollo. A este fin, el mencionado funcionario, o quien éste designe, podrá hacer retirar a toda persona que no acate las disposiciones que surjan del presente reglamento, o a quien con su proceder altere el necesario orden para el cumplimiento de estos actos. Asimismo, una vez comenzada la lectura del edicto y a iguales fines, podrá impedir el egreso y reingreso de personas al salón. Si por cualquier circunstancia un concurrente es retirado del recinto, el Director de la Oficina podrá impedir su permanencia en el edificio durante el resto de la jornada. De reiterarse la inconducta, podrá disponer que no se admita su ingreso por un lapso que sea acorde a aquélla, y que no podrá exceder los ciento ochenta días. Con el fin de establecer el orden durante la celebración de los remates, el martillero actuante y el personal policial deberán prestarse colaboración recíproca. Para asegurar el libre acceso de las personas que concurran a la subasta y garantizar la circulación vehicular frente al edificio, el Director de la Oficina podrá requerir asimismo refuerzo policial a la dependencia que corresponda.

Artículo 13

Con el fin de lograr una buena visión por parte de los martilleros, y para la videograbación, en toda subasta será obligatorio que el público se mantenga sentado, pudiendo quedar personas de pie únicamente en caso de haberse completado la sala o por impedimento físico. Asimismo, una vez iniciado el acto, los asistentes no podrán cambiar de asiento. El martillero hará saber estas obligaciones con antelación a la iniciación del acto.

Artículo 14

Finalizada la lectura del edicto el martillero cumplirá, en su caso, con el informe que le impone el artículo 9, inciso f, de la ley 20.266 y con las demás instrucciones que le haya impartido el juez de acuerdo a lo que dispone el artículo 563 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, hará saber a los concurrentes que una vez recibida la última oferta podrán reiniciarse las posturas desde la base o por el monto que establezca el juez si ésta no hubiese sido fijada, en caso de que el último oferente no integre el importe correspondiente a la seña. Esta última disposición también se comunicará mediante carteles que estarán a la vista de quienes concurren a las subastas. El martillero recibirá las posturas efectuadas tanto de viva voz, como levantando la mano, de manera que las ofertas queden clara y explícitamente registradas en la videograbación a que se refieren los artículos 13 y 16 de este Reglamento. Solicitará al último postor, con el auxilio del personal dependiente de la Oficina, su documento de identidad y, comprobada su pertenencia, le requerirá de viva voz que indique la calidad por la cual ha ofertado. El martillero deberá anunciar de viva voz el nombre y documento de aquél y la calidad expresada. En el supuesto que el último oferente o su mandante, no contaren con el dinero suficiente para cumplir con el pago de la seña —situación que deberá verificarse inmediatamente después de haberse realizado la última oferta— el martillero anunciará que se reinicia la recepción de las ofertas a partir de la base comunicada en el edicto. En caso de que ésta no hubiese sido fijada anunciará que se reiniciarán las ofertas y consultará al juez acerca del monto a partir del cual deberán recibirse las posturas. Sin perjuicio de ello, deberá efectuarse la denuncia penal que impone el artículo siguiente. El precio obtenido en el remate o la falta de ofertas será publicado en la página web del Poder Judicial de la Nación, a cuyo fin deberá comunicarse al Consejo de la Magistratura el resultado de la subasta, dentro de los 10 días de realizada.

Artículo 15

Finalizado el remate, si la persona que realizó la última oferta, y/o la que resultara adjudicataria en los términos del artículo anterior, intentara retirarse sin permitir su previa identificación, podrá impedírsele hasta tanto acredite identidad y, de no integrar la totalidad de los importes correspondientes al acto —seña, comisión y arancel—, el Director de la Oficina o quien legalmente lo reemplace, y/o el martillero actuante, en forma indistinta, deberán formular la denuncia penal correspondiente. Si la adjudicación de venta en remate se correspondiere a una oferta bajo sobre, el depósito en concepto del arancel previsto en el artículo décimo, por el importe de dicha oferta, deberá ingresarse en oportunidad de percibirse los importes respectivos.

Artículo 16

Todas las subastas celebradas en dependencias de la Oficina deberán ser grabadas en la totalidad del acto en cintas de video, las que deberán conservarse como mínimo durante tres meses a contar desde la fecha de celebración del remate. Dentro de ese plazo, mediante oficio, el magistrado que ordenare el remate podrá solicitar copia de la videograbación del acto, o bien solicitar la reserva de la cinta original por un lapso mayor. El martillero o cualquier letrado podrán dirigir a la Oficina idéntica solicitud; en tal supuesto la Oficina deberá remitir directamente al tribunal interviniente la copia del video, o bien dar cuenta de la medida requerida. El contenido de dicho material no tendrá carácter vinculante, ni condicionará las decisiones del magistrado que deba resolver sobre la nulidad de la subasta o cualquier otro tipo de incidencia acaecida durante la realización del acto.

Durante el transcurso de la subasta no se permitirá a los asistentes la filmación o grabación del acto, ni la utilización de teléfonos celulares.

Artículo 17

Cumplido el remate con la firma de la documentación pertinente, el martillero interviniente deberá presentar en la Oficina de Subastas Judiciales, en igual plazo que para la rendición de cuentas (artículo 564 del Código Procesal Civil y Comercial), una planilla con el resultado del acto, indicando el nombre, domicilio y documento del comprador, y copia simple del boleto suscripto. Si la compra fuere "en comisión" o "por poder", deberá hacer expresa mención de ello, con constancia de los datos personales tanto del último postor como del poderdante, o del comitente, si correspondiere. En cualquier caso, quien realice la última oferta, deberá suscribir el boleto de compra. Si se invocare un poder, deberá presentarse copia simple de éste inmediatamente concluida la subasta. Si la compra fuere "en comisión", y el comitente fuere denunciado en el tribunal (artículo 571 del Código Procesal Civil y Comercial) es obligación del martillero comunicar a la Oficina de Subastas los datos de aquél. Junto con la documentación mencionada deberá acompañar copia de la boleta de depósito bancario por el importe correspondiente al arancel previsto en el artículo décimo, en igual término y bajo idéntico apercibimiento contenido en el artículo 564 del Código Procesal Civil y Comercial. No será admitido el mandato tácito, salvo que el juez de la causa lo hubiere autorizado expresamente.

Artículo 18

El Director de la Oficina de Subastas Judiciales coordinará con las autoridades de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y el responsable de la oficina bancaria el funcionamiento de la agencia del banco oficial habilitada en el local, de manera que en los días y horarios de remate se presten a los martilleros y al público los servicios previstos en esta resolución.

Artículo 19

En caso de verificarse el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a los martilleros comprendidas en este reglamento, el Director de la Oficina lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Secretario General del Consejo de la Magistratura, con el fin que éste le otorgue el trámite disciplinario que corresponda. Sin perjuicio de ello, el Director de la Oficina deberá dar curso a los pedidos de reserva que, aún en esas circunstancias, los martilleros realizaran.

Artículo 20

Cualquier irregularidad detectada en relación a las subastas realizadas en la Oficina de Subastas será comunicada por el Director de la Oficina al juez de la causa y al Secretario General del Consejo de la Magistratura, que lo pondrá en conocimiento del Cuerpo de Auditores Judiciales.

Artículo 21

Corresponderá al Director de la Oficina de Subastas informar mensualmente al Secretario General del Consejo de la Magistratura sobre la tramitación y resultado de los remates realizados, como asimismo los importes recaudados por el arancel. Estas tareas se llevarán a cabo con el debido soporte técnico, debiéndose desarrollar un programa informático para obtener los resultados estadísticos que posibiliten la evaluación, el control del funcionamiento de la Oficina y del sistema implementado.

Artículo 22

El presente reglamento empezará a regir a partir de la fecha de su publicación. Deberá ser asimismo comunicado a las Cámaras Nacionales y Federales de Apelaciones, para información de los juzgados de cada fuero, al Colegio Público de Abogados, al Consejo Nacional de Ciencias Económicas, a la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y colocada en la página Web del Poder Judicial de la Nación. Una copia estará disponible en la Oficina de Subastas para su consulta por parte de los interesados.

Portal de Subastas Electrónicas. Reglamentación Corte de Justicia de Buenos Aires

2022-09-16 00:00:00

ACUERDO 3604 CORTE SUPREMA JUSTICIA PROV. BUENOS AIRES Ref.expte.SPL n°6/11 La Plata, 8 de agosto de 2012.

VISTO: La propiciatoria efectuada por esta Suprema Corte a través de la Resolución N° 1381/10, que derivó en el dictado de la Ley N° 14238, por intermedio de la cual se modificaron sendos artículos del Código Procesal Civil y Comercial (artículos 558, 559, 562, 563, 575, 578, 581 y 585 de la ley ritual citada). Y CONSIDERANDO: Que en lo medular, a través de la reforma legislativa mencionada se incorporó a nuestro sistema procesal la subasta judicial electrónica, con la finalidad de mejorar el servicio de justicia; aventando, al propio tiempo, las problemáticas que se presentan en el ámbito material de la realización del acto de la subasta vinculadas a la garantía de transparencia (ver fundamentos Ley 14238) Que en este marco, se facultó a este Alto Tribunal a reglamentar la modalidad de ejecución forzada allí prevista, dentro del marco establecido en el artículo 562 del C.P.C.C.BA. (T.O. Ley 14238).

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus atribuciones,

ACUERDA: Artículo 1: A los fines establecidos por el artículo 562 del CPCCBA (T.O. Ley 14238); apruébase el Reglamento que como Anexo I forma parte del presente.

Artículo 2: Conferir intervención a la Subsecretaría de Tecnología Informática para que, en colaboración con la Secretaría de Planificación, arbitre las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema informático que regula el Anexo I que integra este Acuerdo.

Artículo 3: El presente Acuerdo será implementado de manera gradual y progresiva, a propuesta de la Secretaría de Planificación y la Subsecretaría de Tecnología Informática con colaboración de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, y a través de las Resoluciones correspondientes que al efecto y oportunamente dictará esta Suprema Corte.

Artículo 4: Regístrese y comuniqúese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio WEB de esta Suprema Corte de Justicia. FIRMADO: EDUARDO NESTOR de LAZZARI, DANIEL FERNANDO SORIA, JUAN CARLOS HITTERS, LUIS ESTEBAN GENOUD, HILDA KOGAN, EDUARDO JULIO PETTIGIANI, NESTOR TRABUCCO, Secretario.

A N E X O I

Reglamentación de Subastas Judiciales Electrónicas CAPITULO I. DE LAS SUBASTAS JUDICIALES ELECTRONICAS

Artículo 1: Las subastas a realizarse por medios electrónicos se efectuarán de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

Artículo 2: Las subastas judiciales electrónicas serán publicadas en un portal dentro de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dicho portal ofrecerá información de acceso público para la totalidad de los ciudadanos de los bienes a subastar, permitiéndoles el seguimiento en directo por Internet de la celebración de las subastas de forma anónima. En el caso de los usuarios registrados - inscriptos para participar de una subasta en la forma prevista en el presente- quedarán habilitados para pujar a través de la modalidad electrónica que aquí se regula.

Artículo 3: A los fines de la adecuada publicidad en el sitio web referido, se informarán idénticos datos que los indicados en los edictos, conforme lo establecido en los artículos 559 y 575 del CPCC, adicionándose fotografías del bien a rematar - siempre que el carácter del mismo lo permita- ; fecha y hora del inicio y cierre de las acreditaciones de los postores, tramos de pujas fijados y sus importes, datos profesionales y de contacto del martiliero designado; y en caso de corresponder, precio de reserva, fecha y horario de visitas; fecha de suscripción del acta prevista en el artículo 37 y todo otro dato que pueda resultar de interés establecido por el Juez interviniente de acuerdo a la naturaleza de los bienes a subastar. El juez interviniente en la ejecución forzada podrá dispensar la adjunción de imágenes del bien a subastar cuando lo considere procedente, por resolución, debiendo acompañarse copia certificada de la misma a la Seccional competente en la oportunidad prevista en el artículo 26. Artículo 4: La publicación virtual del bien a subastar deberá realizarse con una antelación no menor a diez (10) días hábiles al comienzo del lapso de celebración de la subasta judicial. 4

Artículo 5: A los fines previstos por el artículo 562 del CPCC (TO 14238), créase el Registro General de Subastas Judiciales, en el ámbito de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, el que tendrá su sede en la ciudad de la Plata. La Suprema Corte de Justicia, a través de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales designará las dependencias que actuarán como Seccionales del Registro General, las que cumplirán las tareas detalladas en esta reglamentación. Dichas dependencias intervendrán a los efectos de este reglamento, adoptando las medidas necesarias para la estricta observancia de las disposiciones contenidas en él.

CAPITULO II. DE LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO GENERAL DE POSTORES

Artículo 6: Cualquier persona física o jurídica podrá inscribirse como postor en el Registro General de Subastas Judiciales, para participar en las subastas dispuestas por todos los Órganos Jurisdiccionales correspondientes a los fueros civil, comercial, de familia, contencioso administrativo, laboral y a la Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 7: La inscripciones al Registro General se efectuarán en las Seccionales observando el procedimiento que se detalla en este Capítulo.-

Articulo 8: La inscripción al Registro General de Subastas Judiciales estará abierta durante todo el afío, a excepción de los períodos de feria judicial, las suspensiones de términos procesales y asuetos que se decreten, y los feriados, y tendrá una vigencia de un año contado a partir de la admisión de la inscripción del postulante en dicho Registro General, plazo que transcurrido producirá automáticamente la caducidad de la inscripción. Los interesados podrán reinscribirse debiendo cumplimentar nuevamente el procedimiento de admisión establecido en el presente Reglamento, encontrándose habilitados para efectuarlo con una antelación de 15 días hábiles al vencimiento de su inscripción anterior.

Artículo 9: Las solicitudes de inscripción y las constancias de admisión de las mismas que se extiendan a los postulantes, se formalizarán en formularios 5 provistos por la Suprema Corte de Justicia en el portal de Subastas Judiciales Electrónicas.

Artículo 10: El formulario de solicitud de inscripción deberá ser completado por la persona que pretenda inscribirse en el Registro General de Subastas Judiciales. Cumplido ello, el sistema le enviará un link que contendrá dicho formulario con los datos que éste hubiere ingresado a la dirección de correo electrónico que denunciara, permitiendo su impresión en soporte papel para su presentación en la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales con la documentación requerida en el artículo 12.

Artículo 11: Todos los datos requeridos en el formulario de inscripción, revestirán carácter de declaración jurada, deberán constar en la solicitud como requisito para su admisión, y son los siguientes: a) Nombre y apellido completo, o denominación social, en el caso de personas jurídicas. b) Nacionalidad. c) Tipo y número de documento (DNI, LE, LC). En caso de extranjeros, pasaporte vigente. Este requisito no es aplicable a las personas jurídicas, el que quedará cumplimentado con los requerimientos detallados en el inciso d).- d) Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L) o Código Unico de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.). e) Domicilio real actualizado. f) Dirección de correo electrónico. g) Teléfono fijo y, en su caso, teléfono móvil. Aquellos que se presenten en carácter de apoderados deberán denunciar los datos que anteceden respecto de sus poderdantes, como así también de su persona.

Artículo 12: Además del formulario firmado por el aspirante - obtenido a través del procedimiento previsto en el artículo 10-, al momento de la presentación de la solicitud de inscripción el postulante deberá: 6 a) Exhibir el original y acompañar fotocopia del documento de identidad o, en su caso, pasaporte vigente para su certificación por el funcionario responsable de la Seccional del Registro General. b) En el supuesto que la persona se hiciere representar por medio de un apoderado, éste deberá presentar el instrumento legal que lo acredite como tal y acompañar copia certificada del mismo. c) En caso de personas jurídicas, acompañar copia certificada del Contrato constitutivo, y sus modificaciones, debidamente inscriptos ante la autoridad competente. d) Asimismo, y según el tipo societario deberá adjuntar copia certificada de la documentación fehaciente y en legal forma que acredite la última designación de autoridades y la vigencia de la representación legal de la entidad. Dichos instrumentos deberán estar debidamente inscriptos ante la autoridad competente. En su reemplazo, se podrá presentar certificado expedido por dicha autoridad en el que conste la identidad del representante legal en ejercicio -vigente- y domicilio social actualizado del ente societario.- El funcionario responsable de la Seccional del Registro ante quien se presente el postulante deberá corroborar la correspondencia entre los datos denunciados en el formulario que se refiere el artículo 10 -detallados en el artículo 11- y la documentación que exhibe; y entre los originales que se presente y las copias para su certificación.

Artículo 13: El usuario está obligado a facilitar información veraz, exacta y completa sobre su identidad, y en su caso, de su poderdante y comitente. Asimismo, está obligado a mantenerla actualizada.

Artículo 14: La admisión o el rechazo de las solicitudes de inscripción o reinscripción ,será resuelta por el funcionario responsable de la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales en forma directa y al momento de su presentación.

Artículo 15: Cumplido el procedimiento previsto en los artículos 10 y 12, corresponderá admitir la inscripción del postulante al Registro General de Subastas Judiciales, debiendo el funcionario responsable de la Seccional donde 7 se hubiere presentado darlo de alta en el Registro en el mismo acto. Efectuado ello, el sistema generará una constancia de admisión al Registro General de Subastas Judiciales en la que se consignará: fecha de alta, apellido y nombre o razón social del solicitante, y documentación acompañada. La constancia de admisión se imprimirá en dos ejemplares, las que serán firmadas y selladas por el responsable de la Seccional correspondiente, entregándose una al presentante, quedando la restante reservada en la Seccional receptora conjuntamente con las copias certificadas de la totalidad de la documentación acompañada.

Artículo 16: La documentación que respalde las inscripciones quedará bajo la custodia de cada Seccional, a disposición del Registro General de Subastas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Dicha documentación deberá destruirse transcurridos dos años contados a partir de la fecha de admisión de la inscripción.

Artículo 17: Dado de alta el sujeto inscripto en el Registro General de Subastas Judiciales, el sistema generará y remitirá automáticamente a su correo electrónico un nombre de usuario y contraseña, el que deberá ser personalizado por el usuario en su primer ingreso al portal. El usuario registrado podrá acceder a los servicios personalizados del portal.

Artículo 18: No se dará curso a las solicitudes que al momento de su presentación no reúnan la totalidad de los requisitos exigidos en los artículos 10,11 y 12. La denegatoria de la inscripción se formalizará por escrito, en el mismo acto del la presentación de la solicitud por el peticionante ante la Seccional pertinente, con expresa indicación del incumplimiento verificado que la motiva, suscripta por el funcionario responsable de la mencionada dependencia. La desestimación será notificada personalmente, en la misma oportunidad que el párrafo precedente. Contra dicha resolución podrá deducirse reconsideración ante el Registro General de Subastas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, dentro del término de tres días hábiles a partir de la fecha de su notificación. 8

Artículo 19: El usuario registrado se compromete a mantener su contraseña en secreto. De igual modo, se compromete a cerrar su código de usuario al final de cada sesión y a notificar al Registro General de Subastas Judiciales, cualquier pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros a la misma. Es de exclusiva responsabilidad del usuario mantener la confidencialidad de su contraseña y cuenta de usuario, asumiendo personalmente cualesquiera actividades que se realicen o tengan lugar mediante su utilización. La cuenta de usuario del Registro General de Subastas Judiciales es de uso estrictamente personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido su acceso por parte de un tercero distinto a su titular, y su transmisión o cesión por cualquier causa. El usuario no utilizará la conexión con el portal de cualquier forma que pueda afectar, dañar, sobrecargar, o afectar su funcionamiento.

Artículo 20: El incumplimiento de las obligaciones establecidas y compromisos asumidos por los usuarios facultará al Registro General de Subastas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia a revocar las autorizaciones de acceso a los servicios del portal, a través de las actuaciones correspondientes, debiendo en dicho caso proceder inmediatamente a su cumplimiento efectivo reflejándolo en el sistema del portal web Subastas Judiciales Electrónicas.

CAPITULO III. DE LA REGISTRACION A LAS SUBASTAS.

Artículo 21: Los usuarios registrados en el portal, podrán acceder a la registración individual en todas las subastas judiciales en las que pretendan presentarse como postor. El pedido de acreditación para participar en una subasta como postor, será realizado a través del formulario electrónico obrante en la página web a tal efecto. En aquel se requerirá que el postulante efectúe la opción de reserva de postura. En idéntica oportunidad, deberá el usuario indicar si se presenta a fin de intentar una compra en comisión denunciando el nombre de su confitente, 9 debiendo ambos (comisionista y comitente) encontrarse inscriptos en el Registro General de Subastas Judiciales a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta. -

Artículo 22: Cuando sea exigible como condición para ofertar válidamente el depósito en garantía, el postulante deberá proceder a su integración como presupuesto de aceptación de su calidad de postor en la subasta en la que pretenda inscribirse. En este sentido, la inscripción a la subasta quedará perfeccionada con la presentación en la Seccional del Registro con competencia territorial en el lugar donde tendrá lugar la subasta del formulario de inscripción impreso, y el comprobante de pago del depósito, oportunidad en la cual el responsable de la Seccional del Registro lo registrará como postor y el sistema remitirá a su correo electrónico su Código de Postor para esa subasta, el que será único y secreto. Los datos de la cuenta judicial se encontrarán publicados en el portal conjuntamente con los datos y demás detalles del bien a rematar. Dicho depósito deberá encontrarse acreditado en la cuenta de autos con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta. Artículo 23: En los supuestos en que no se prevea depósito en garantía, la inscripción quedará perfeccionada con el llenado del formulario de inscripción en la página web y su remisión electrónica al sitio web, el que, registrado habilitará la adjudicación del Código de postor pertinente, que será enviado a la dirección de correo electrónico denunciado por el usuario. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no resulta óbice del cumplimiento de aquellos requisitos requeridos jurisdiccionalmente, en cada caso particular, que adicionare el Juez o Tribunal interviniente.

Artículo 24: Para poder pujar en una subasta particular el postor deberá encontrarse inscripto en aquella con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al comienzo de su celebración.

CAPITULO IV. DE LA DIRECCIÓN DE LA SUBASTA 10

Artículo 25: El Registro de Subasta Judiciales de la Suprema Corte brindará al martiliero designado, en su calidad de auxiliar de justicia, las herramientas informáticas que lo habiliten para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 26: Fijado el lapso de celebración de la subasta judicial, el martillero, en su carácter de colaborador del Juez, proveerá a la Seccional del Registro General departamental competente de los datos indicados en el artículo 3 de este Reglamento, debiendo en aquel acto acreditar por medio legal fehaciente su designación para la intervención en la ejecución forzada del bien que se trate y el cumplimiento de la publicación de edictos de los arts. 559 y 574 del CPCC. El martillero deberá efectivizar lo ordenado en el párrafo anterior con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al plazo dispuesto en el artículo 4 del presente. Cumplido ello, la Seccional interviniente publicará la información correspondiente a la subasta en el portal - de conformidad con el artículo 3 y 4 de este Reglamento- para conocimiento de todos los interesados.

Artículo 27: Dicho profesional, como delegado del juez en la dirección de la subasta judicial, dará comienzo a su celebración abriendo la participación de los postores inscriptos quienes comenzarán su intervención pulsando un enlace habilitado al efecto.

CAPITULO V. DE LA CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA

Artículo 28: El lapso de celebración de la subasta previsto en el artículo 562 quinto párrafo del CPCC se contabilizará en días hábiles durante las veinticuatro horas de los mismos.

Artículo 29: En el caso de una subasta cuyo inicio esté previsto en un día inhábil, su comienzo se producirá el primer día hábil subsiguiente. En el supuesto que durante el lapso de celebración de una subasta haya un día inhábil, el plazo del artículo 562 quinto párrafo del CPCC quedará interrumpido, hasta el primer día hábil subsiguiente, retomándose automáticamente transcurrido dicho tiempo inhábil. 11 El Registro General de Subastas Judiciales de la Suprema Corte es el encargado de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Quedan exceptuados de las previsiones que anteceden en este artículo, las suspensiones de términos procesales que se decreten con carácter retroactivo, en cuyo caso no se interrumpirá el cómputo del plazo del lapso de celebración de la subasta.

Artículo 30: La subasta se iniciará en el día y hora señalada. Una vez iniciada, se realizará a través de la puja continua y permanente de los oferentes en la sala virtual. Es un procedimiento público y abierto, que permite observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas. En el período de celebración de la subasta; las ofertas realizadas se püblicarán en el sitio web indicando el Código de Postor, monto, día y hora de su efectivización. De igual modo, las ofertas serán comunicadas - a través de los medios tecnológicos disponibles- a los postores participantes de manera continua e instantánea para posibilitar su actuación informada.

Artículo 31: Las sumas dentro de las cuales pueden ofrecer los postores estarán determinadas por un cuadro de tramos de pujas numerado correlativamente, correspondiendo a cada uno de ellos un monto concreto.

Artículo 32: En caso de existir valor base o de haberse determinado precio de reserva para la subasta judicial, el importe asignado al primer tramo se corresponderá con dichos montos. Los tramos subsiguientes se incrementarán en un cinco por ciento (5%) cada uno de ellos calculados sobre la suma indicada en el tramo inicial. En los restantes casos, los tramos se instrumentarán aplicando los aumentos y porcentajes determinados en párrafo precedente, correspondiendo el monto del tramo inicial a la suma que se realice como primera oferta en la subasta, debiendo el sistema una vez efectuada dicha postura calcular automáticamente los sucesivos tramos. 12

Artículo 33: Los postores deberán realizar sus pujas ajustándose al importe de los tramos previamente establecidos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos anteriores, de modo que para ofertar solo tienen que indicar el número de tramo al que corresponde la oferta. CAPITULO VI. DE LA POSTURA MÁXIMA SECRETA

Artículo 34: Los postores, podrán adoptar la modalidad de postura máxima secreta. Ésta consiste en que el postor, al iniciarse la subasta judicial electrónica, ingresa en el sistema el precio máximo hasta el cual está dispuesto a ofrecer, el que deberá coincidir numéricamente con uno de los tramos predeterminados. Una vez marcado el tramo correspondiente a ese precio, y estén o no conectados a la aplicación, el sistema automáticamente pujará en su nombre al tramo siguiente al marcado por el postor anterior, y así sucesivamente hasta llegar al precio máximo marcado, que sólo el propio postor conoce. La oferta automática, permanecerá funcionando siempre y cuando el oferente - que hubiese adoptado esta modalidad- no ingrese posturas de manera manual, si lo hace la postura automática se anula, y éste deberá seguir pujando de manera manual. Una vez superado el tramo correspondiente a su postura máxima secreta, el postor podrá realizar una nueva postura máxima secreta o continuar pujando de manera manual. Las posturas máximas secretas tienen prioridad por fecha y hora de programación en el evento que exista una igualdad entre posturas máximas secretas.-

CAPITULO VIL DE LOS ACTOS POSTERIORES AL CIERRE DE LA SUBASTA.

Artículo 35: El cierre de la subasta se producirá en el día y hora señaladas, de manera automática a través del sistema informático que aquí se implementa, salvo en el supuesto previsto en el artículo 42, o la ocurrencia de alguno de los eventos establecidos en los artículos 29 y/o 48 de este Reglamento. Concluida la 13 misma y determinado el ganador, el adjudicatario será notificado simultáneamente a la dirección de correo electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción a la subasta judicial.- Asimismo, comunicará a todos los postores el monto de la venta

Artículo 36: Finalizada la subasta el martillero deberá elaborar un acta, en doble ejemplar, en la que indicará el resultado del remate, los datos del vencedor (Código de postor y monto de adjudicación), detallará los restantes postores con la mayor oferta realizada por cada uno de ellos. El acta será confeccionada a través del formulario que obrara en el portal a tales efectos. Dicho instrumento suscripto por el martiliero, deberá ser presentado en el expediente judicial en el plazo 3 días hábiles de finalizado el acto de la subasta, quedando en su poder el ejemplar restante.

Artículo 37: La Seccional que hubiere recepcionado los pedidos de inscripción a una subasta deberá confeccionar y remitir al Juzgado o Tribunal mi listado en el que consten los datos personales de los Postores acreditados para licitar en la misma, los códigos secretos asignados a cada uno de ellos, y en caso de corresponder, los comprobantes de pago de los depósitos en garantía a los que se refiere el artículo 22 del presente Reglamento e indicar que postores han efectuado reserva de postura. El listado, certificado por el funcionario responsable de la Seccional interviniente, será presentado en el Juzgado o Tribunal correspondiente a los 3 días hábiles de finalizada subasta para su agregación en el expediente judicial, ello a los fines de la devolución de los depósitos en garantía y demás circunstancias legales, como así también la hipótesis prevista en el articulo 585 del CPCC.

Artículo 38: Si se tratare de bienes muebles registrables o inmuebles, el martiliero y el adjudicatario deberán hacerse presentes en la sede del Juzgado o Tribunal, a fin de proceder al labrado del acta pertinente; la que se firmará en audiencia ante el Secretario, en la fecha designada por el Órgano jurisdiccional, la que estará determinada con la antelación suficiente a la publicación edictal y virtual para el adecuado y efectivo conocimiento de los interesados. 14 El adjudicatario debe presentarse a dicha audiencia munido del formulario de inscripción a la subasta de que se trate, comprobante de pago del depósito en garantía -si correspondiere-, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto, constituirá domicilio legal a los efectos legales pertinentes. Asimismo, podrán intervenir en el acta mencionada en los párrafos antecedentes, el ejecutado y el acreedor ejecutante. El procedimiento previsto en el párrafo anterior podrá ser suplido a través de la suscripción del acta en la forma prevista en el artículo 562 3o párrafo del CPCC.- En el caso de bienes muebles no registrables, el martiliero entregará la posesión de los bienes una vez que fuere autorizado por el Juez interviniente otorgando simple recibo que presentará oportunamente en el expediente judicial. Artículo 39: Cuando el ofertante no resultara ganador y no hubiere ejercido reserva de postura, las sumas depositadas en garantía le serán devueltas, por medio de libranza judicial u oficio emanado del Órgano jurisdiccional interviniente disponiendo la transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta bancaria cuyos datos aportara el usuario al momento de admitir su participación en dicha subasta particular. En el caso de oferente no ganador con reserva de postura realizada, las sumas depositadas en garantía le serán restituidas, a su pedido en el expediente judicial por los medios y en las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

CAPITULO VIII. DÉ LA RESERVA DE POSTURA.

Artículo 40: Al momento de la registración como postor en una subasta determinada, el postulante deberá indicar si efectúa la reserva de postura.- Dicha reserva permite a quienes hayan participado en la subasta y no fueran el mejor postor, quedar enmarcados dentro de las previsiones del artículo 585 del CPCC, 1° párrafo in fine y 2° párrafo.-

CAPITULO IX. DEL HORARIO DE LA SUBASTA. 15 Artículo 41: El tiempo oficial de la sesión de subasta, es el período temporal publicado en la convocatoria edictal y virtual, el mismo se corresponde con el que opera el sistema, y será coincidente con la hora oficial de la Provincia de Buenos Aires.

CAPITULO X. DEL TIEMPO DE EXTENSION.

Artículo 42: Se admite el tiempo de extensión, entendido como el lapso de tiempo dentro de la subasta, en el cual se valida si existe una oferta, y el remate se extiende automáticamente. En este sentido, si en los últimos tres (3) minutos previos al cierre de la subasta algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente diez (10) minutos más, siendo esta situación receptada, efectivizada, publicada y notificada directamente por el sistema a todos los postores. El tiempo de la subasta se extenderá por idéntico período de tiempo con cada nueva oferta más alta que la anterior que se presente, renovándose dicho tiempo de extensión hasta tanto no se realicen ofertas por diez (10) minutos seguidos.

CAPITULO XI. DE LA SUSPENSIÓN, APLAZAMIENTO, ANULACIÓN O CANCELACIÓN DE LA SUBASTA.-

Artículo 43: En el supuesto que concurra alguna circunstancia que amerite la suspensión, aplazamiento, anulación o cancelación de la subasta ordenada, dispuesto ello por el Órgano Jurisdiccional, éste deberá notificar a las partes, al martiliero y comunicar inmediatamente a través de un instrumento fehaciente a la Seccional interviniente y, ésta al Registro General de Subastas Judiciales. La Seccional del Registro correspondiente procederá a la publicación inmediata de dicha incidencia, y en caso de corresponder, a la difusión de la nueva fecha prevista.- La publicación de las ocurrencias antes mencionadas en el sitio web, será aviso suficiente para los postores admitidos en la subasta.

CAPITULO XII. DE LAS DEPENDENCIAS. 16

Artículo 44: El Registro General de Subastas Judiciales de la Suprema Corte, se encuentra a cargo de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, y tendrá su sede en la ciudad de La Plata.

Artículo 45: Las Seccionales del Registro General de Subastas Judiciales dependen füncionalmente del Registro mencionado, y se encontrarán en las cabeceras departamentales, y en las sedes descentralizadas que la suprema Corte pueda determinar. Sus funciones y responsabilidades son las descriptas en los artículos 5, 7, 8,10, 12,14, 15,16,18, 22,26, 37,43,y 48 del presente Reglamento. Artículo 46: La Subsecretaría de Tecnología Informática, tendrá las funciones que le otorga el artículo siguiente y brindara el soporte técnico que le sea requerido por el Registro General de Subastas Judiciales o sus seccionales a fin de posibilitar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Reglamento y las normativas que pudieren dictarse a esos efectos.

CAPITULO XIII. DEL PORTAL DE SUBASTAS JUDICIALES ELECTRONICAS.

Artículo 47: La Suprema Corte de Justicia, a través de la Subsecretaría de Tecnología Informática, efectuará todas las tareas necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad al portal de Subastas Judiciales Electrónicas las veinticuatro horas durante todos los días del año.

Artículo 48: En caso de inhabilitación del servicio, la Seccional del Registro que verificase dicho problema -con aviso el Registro General de Subastas Judiciales- lo comunicará inmediatamente a la Subsecretaría de Tecnología Informática para que arbitre las medidas necesarias en relación al evento ocurrido. Ante este acontecimiento, respecto de las subastas en curso quedará interrumpido el plazo previsto por el artículo 562 quinto párrafo del CPCC por el término que dure la indisponibilidad del servicio, retomándose automáticamente superada dicha circunstancia, lo que será puesto en conocimiento de los postores y martiliero a través del portal y la remisión de un correo electrónico siendo esto notificación suficiente. 17 En el caso de las subastas cuyo inicio estuviera programado dentro del tiempo que perdure el impedimento, el acto comenzará automáticamente superada dicha circunstancia, lo que será puesto en conocimiento de los postores y martiliero a través del portal y la remisión de un correo electrónico siendo esto notificación suficiente. La publicación en la página web de la Suprema Corte de Justicia, en el Portal de Subastas Judiciales Electrónicas de las ocurrencias y resoluciones dictadas al respecto será notificación suficiente para todos los interesados. Artículo 49: La Suprema Corte de Justicia no será responsable de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento que se produjera en el acceso, funcionamiento u operatividad del portal, cuando tuvieren origen en situaciones de causa de origen fortuito, fuerza mayor, de urgencia extrema o provocadas por terceros contratistas.

Subastas Judiciales electrónicas por Martillero.Prov de Cordoba

2022-09-16 00:00:00

“REGLAMENTO DE LA SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA”

TITULO I. PARTE GENERAL .

Artículo 1: El sistema de subastas judiciales electrónicas se implementará en las causas que tramiten en todos los fueros, en la medida en que resulte compatible con las normas sustanciales, procesales y reglamentarias propias de aquellos. A tales efectos, las subastas judiciales de bienes muebles no registrables ordenadas por los distintos Tribunales de la Provincia de Córdoba, así como las subastas de todo tipo de bienes dispuestas en el fuero concursal y de ejecución fiscal, y todas aquellas en las que legalmente se disponga que el Tribunal Superior de Justicia establezca el sistema de remate, se deberán realizar a través del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas -en adelante el Portal- habilitado al efecto por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y conforme a las disposiciones contenidas en este Reglamento, excepto que por sus características, su valor probable de venta u otro motivo suficiente a criterio del Órgano Judicial interviniente, justifique su venta por otro mecanismo, mediante decreto debidamente fundado; o que se hayan ordenado en cumplimiento del reglamento entonces en vigencia.

Artículo 2 : El decreto de subasta se deberá dictar en el plazo máximo de tres (3) meses computados desde el secuestro en el caso de subastas de bienes muebles (registrables o no); y de seis (6) meses computados desde la constatación en el caso de subastas de inmuebles, salvo planteos judiciales de las partes o de terceros. Todo ello, a los fines de que el producido de las subastas electrónicas no se vea disminuido por otros gastos relacionados con la venta, bajo apercibimiento de que los gastos posteriores sean soportados por el ejecutante o el Martillero según corresponda.

Artículo 3: Las partes del juicio, de común acuerdo podrán optar, a los fines de la realización de los bienes motivos de ejecución -bienes muebles registrables o inmuebles-, por los medios electrónicos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento; sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas sustanciales, procesales y reglamentarias aplicables al caso, en atención a la naturaleza de los bienes.

Artículo 4 : La publicación en el Portal de Subastas Judiciales Electrónicas y toda otra comunicación que se implemente por vía electrónica, de las circunstancias y resoluciones dictadas con relación al trámite que se reglamenta, será notificación suficiente para todos los interesados y publicación adecuada en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 574 del CPC y C.

Artículo 5 : El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de la Oficina de Subastas Judiciales y del Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en coordinación con la prestataria del servicio, efectuará todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad al Portal de Subastas Judiciales Electrónicas las veinticuatro horas durante todos los días del año. El Portal de Subastas Judiciales Electrónicas predispondrá los medios de pago admitidos a quienes resulten adjudicatarios, los que podrán ser variados según las circunstancias del caso, a propuesta de la prestataria del servicio y con aprobación del Área de Administración de la Administración General del Poder Judicial de la Provincia.

Artículo 6 : El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba no será responsable por las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento en el acceso u operatividad del Portal, cuando tuvieren origen en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o provocadas por terceros.

TÍTULO II. DEL REGISTRO GENERAL DE POSTORES EN SUBASTAS JUDICIALES.

CAPITULO I: TRÁMITE PARA LA INSCRIPCIÓN.

Artículo 7 : Créase el Registro General de Postores, dependiente de la Oficina de Subastas Judiciales del Área de Servicios Judiciales dependiente de la Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 8 : Cualquier persona física o jurídica podrá inscribirse en el Registro General de Postores, para participar en las subastas judiciales electrónicas dispuestas por los órganos jurisdiccionales de los distintos fueros de la Provincia de Córdoba.

Artículo 9 : La inscripción en el Registro General de Postores tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la admisión del postulante, plazo que transcurrido producirá automáticamente la caducidad de la inscripción. Los interesados podrán reinscribirse, debiendo cumplimentar nuevamente el procedimiento de admisión establecido, encontrándose habilitados para efectuarlo con una antelación de quince (15) días hábiles previos al vencimiento de su inscripción anterior.

Artículo 10 : Las solicitudes de inscripción se formalizarán en los formularios previstos en el Portal de Subastas Judiciales Electrónicas. Cumplido ello, el sistema generará una constancia de admisión en la que se consignarán los datos personales ingresados por el solicitante, la cual será enviada a la dirección de correo electrónico que aquél denunciara.

Artículo 11 : Los datos consignados en el formulario de inscripción, revestirán carácter de declaración jurada, pudiendo convenirse su validación con entidades públicas o privadas. Deberán constar en la solicitud como requisitos para su admisión: a) En el caso de que los postores sean personas físicas: 1) nombre y apellido completo; 2) tipo y número de documento; 3) nacionalidad; 4) domicilio real actualizado; 5) Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L) o Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y 6) los apoderados deberán informar los datos que anteceden respecto de sus poderdantes, como así también de su persona, incorporando copia del instrumento legal que acredite dicha representación . b) En caso que los postores sean personas jurídicas: 1) la razón social y domicilio social; 2) nombre completo y número de documento de los representantes legales de la sociedad que se trate, incorporando copia del instrumento legal que acredite dicha representación y 3) Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). c) En ambos casos se deberá manifestar dirección de correo electrónico, teléfonos fijo y móvil y d) Los usuarios serán responsables de comunicar cualquier modificación en sus datos, bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 17 del presente Reglamento.

CAPITULO II: ADMISIÓN, RECHAZO O REVOCACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

Artículo 12 : El Encargado de la Oficina de Subastas Judiciales, deberá corroborar la correspondencia formal entre los datos denunciados en el formulario y la documentación incorporada, a los fines de la admisión o rechazo de la solicitud; la que será resuelta en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo notificarse lo resuelto en forma electrónica.

Artículo 13: Producida el alta del usuario en el Registro General de Postores, la Oficina de Subastas Judiciales remitirá a su correo electrónico un mail validando el trámite de inscripción. El sistema podrá requerir aleatoriamente que los usuarios inscriptos validen sus datos personales, que en caso de no realizarlo adecuadamente, quedarán suspendidos hasta que la Oficina de Subastas Judiciales los habilite nuevamente, previo aportar toda la documentación que les sea requerida a tales efectos.

Artículo 14 : Es de exclusiva responsabilidad del usuario mantener la confidencialidad de su contraseña y cuenta de usuario, resultando responsable de cualquier actividad que se realice o tenga lugar mediante su utilización. La cuenta de usuario del Registro General de Postores es de uso personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido su acceso por parte de un tercero distinto a su titular, como así también su transmisión o cesión por cualquier causa. El usuario no deberá utilizar la aplicación del Portal de cualquier forma que pueda dañar, sobrecargar o afectar su funcionamiento, bajo pena de ser sancionado y reclamársele los daños y perjuicios que su accionar pudiere haber causado.

Artículo 15 : Cuando la solicitud de inscripción como postor fuera rechazada, el interesado deberá comunicarse con la Oficina de Subastas Judiciales a fin de conocer los motivos de su rechazo y coordinar la manera de subsanar las disconformidades, en caso de ser posible.

Artículo 16 : En los casos que el usuario resulte adjudicatario remiso en los términos del art. 585 del CPCC, será inhabilitado por el plazo de seis meses y en el supuesto de reincidencia, durante la vigencia del mismo período de inscripción, la inhabilitación será por el lapso de dos años calendario.

Artículo 17 : El incumplimiento de las obligaciones establecidas y compromisos asumidos por el usuario, facultará al Encargado responsable del Registro General de Postores, a revocar su inscripción y darlo de baja en el sistema, por un plazo de hasta dos años. Las sanciones establecidas en la presente norma y en la precedente, podrán ser impugnadas por la vía administrativa que correspondiere.

TÍTULO III. DEL TRÁMITE DE LAS SUBASTAS JUDICIALES ELECTRÓNICAS.

CAPITULO I: PUBLICIDAD.

Artículo 18 : Las subastas judiciales electrónicas serán publicadas en el Portal, durante un plazo mínimo de 7 días corridos, salvo que se trataré de bienes perecederos, o que las circunstancias ameriten un plazo menor, donde se ofrecerá información de los bienes en subasta al público en general, así como del proveído que la ordena, y cualquier otra información adicional que el tribunal considere pertinente.

Artículo 19 : A los fines de la adecuada publicidad en el Portal, se informarán además de los datos pertinentes establecidos en el decreto de subasta, una descripción más detallada del bien, sus fotografías y/o video -siempre que su carácter lo permita-, fotografías de los informes de dominio, catastral, y del acta de secuestro, en caso de corresponder por el tipo de bien a subastar; datos profesionales y de contacto del Martillero designado y todo otro dato que pueda resultar de interés y que surja de las constancias de autos. Solo aquella publicidad adicional que sea debidamente autorizada por el Tribunal deberá ser agregada a la cuenta de gastos.

CAPITULO II: DE LA REALIZACION DE LA SUBASTA.

Artículo 20 : Previo al dictado del decreto de subasta, y a los fines de servir de referencia para que el Tribunal determine el monto de puja del bien o conjunto de bienes, con el objetivo de lograr el mayor beneficio posible para las partes en juicio, el Martillero deberá informar al Tribunal el valor comercial estimado que cada bien posee en el mercado, así como deberá proponer la conformación de los lotes, en caso de corresponder.

Artículo 21 : El tribunal dispondrá en el decreto de subasta el valor base para el bien que correspondiere, y el monto incremental por el cual se sucederán las pujas para todos o cada uno de los bienes en subasta. Para el caso de los bienes registrables ordenará el bloqueo del dominio del bien a subastar, y de ser necesario, su renovación. Asimismo, el tribunal establecerá si, al concluir la subasta, el adquirente debe abonar la totalidad del monto ofertado o un porcentaje de éste, y en tal caso, en qué oportunidad deberá integrar el saldo, sin perjuicio de los medios de pago habilitados a tal efecto.

Artículo 22: El Tribunal, en el plazo de veinticuatro horas de encontrarse firme el decreto de subasta, deberá registrar en su Panel de Control del Portal los datos a su cargo para la realización de la subasta electrónica y habilitar al Martillero designado a los fines de que cumplimente con sus responsabilidades emergentes del presente Reglamento.

En el supuesto que el ejecutante solicitare, antes del inicio del Acto de Subasta, la eximición de consignar contemplada en el Art. 581 del CPCyC, el Tribunal deberá corroborar que el ejecutante se encuentre registrado como usuario del Portal, para luego en su Panel de Control agregar al ejecutante y especificar el monto de su crédito.

Artículo 23 : El Martillero, al momento de incorporar la descripción de cada bien, asentará la base si tuviere, el monto incremental, si existiese algún concepto adicional por su compra, y la forma de pago dispuesta por el tribunal. El Portal informará a cada postor el monto final correspondiente a su postura, comprendiendo ello el monto ofertado, más la comisión del Martillero, impuestos y comisiones aplicables que resulten a su cargo. En caso de corresponder el pago de un porcentaje del monto ofertado, el Portal calculará ese porcentaje, al que le adicionará los demás conceptos antes referidos (comisiones e impuestos). Asimismo, si el adjudicatario estuviere eximido de consignar el precio de compra, el Portal calculará el saldo (si correspondiere) y los demás conceptos que éste deberá abonar.

Artículo 24: El Acto de Subasta tendrá una duración de cinco (5) días hábiles judiciales, sin interrupción entre la hora de inicio y finalización; salvo que el Tribunal considere necesario un plazo distinto. Para referencia de todas las partes involucradas, la hora oficial será la que informe el Portal de Subastas. En el supuesto en que el sistema no resulte operativo al momento del cierre del acto de subasta, deberá reiniciarse por el plazo que determine el tribunal, quien deberá reflejarlo en el Portal.

La suspensión de términos procesales ordenada por normativa de carácter general y que se decrete con carácter retroactivo, no será de aplicación en el caso de las subastas judiciales electrónicas que se hubieren perfeccionado.

Artículo 25 : El Acto de Subasta se iniciará automáticamente al cumplirse la hora y día fijados por el tribunal para su comienzo, momento a partir del cual los usuarios registrados y habilitados podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas. En el horario fijado para su finalización, el Portal verificará si se realizaron ofertas en el último minuto, en cuyo caso se prorrogará por un minuto adicional, y así sucesivamente hasta que no se realicen nuevas ofertas durante un minuto. El bien se adjudicará a quien hubiere realizado la mejor oferta. Atento su modalidad virtual, no se admitirán compras en comisión.

Artículo 26 : La puja podrá ser continua, alternativa y permanente entre usuarios registrados en el Portal de Subastas. Es un procedimiento público y abierto, en cuanto permite observar en tiempo real la evolución de las últimas ofertas efectuadas por los usuarios participantes, así como día y hora de su efectivización.

CAPITULO III: DE LA SUSPENSIÓN, APLAZAMIENTO, ANULACIÓN O CANCELACIÓN DE LA SUBASTA .

Artículo 27 : En el supuesto que el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a través de la opción predispuesta en su Panel de Control del Portal de Subastas, para conocimiento de los interesados. Los pedidos de suspensión o cancelación de la subasta deberán formalizarse con una anticipación de veinticuatro horas a la fecha prevista como finalización, bajo pena de inadmisibilidad; debiendo transcribirse tal apercibimiento en la cédula de notificación del decreto que ordena la subasta.

Artículo 28 : En caso de resultar desierta la subasta, a pedido de parte, el tribunal podrá fijar nueva fecha, modificando los datos y condiciones que correspondan; los que deberán ser reflejados en el Panel de Control.

CAPITULO IV: DE LA CONCLUSIÓN DE LA SUBASTA.

Artículo 29 : El cierre de la subasta se producirá en el día y hora señalados, de manera automática a través del Portal de Subastas, salvo en los supuestos previstos en los artículos 24, 25 y 27 de este Reglamento. Concluido el acto de subasta y determinado el ganador, éste será notificado en su Panel de Usuario del Portal, y supletoriamente a la dirección de correo electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción. Asimismo, automáticamente se comunicará al tribunal, al Martillero y a la Oficina de Subastas, que el remate ha concluido, los datos personales y de contacto del adjudicatario para cada uno de los bienes en subasta y del segundo y tercero mejores postores. En el supuesto que se subaste el derecho de usufructo de un bien, se deberá cumplimentar con lo dispuesto por el art. 2144 del CCCN, en función del art. 744 inc. e de dicho ordenamiento.

Artículo 30: El adjudicatario deberá efectivizar el pago de la totalidad o del porcentual establecido por el Tribunal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, a través de las modalidades autorizadas en el Portal de Subastas. Una vez verificado el pago por el tribunal en su Panel de Control, se procederá conforme lo establecido en la legislación procedimental correspondiente.

Artículo 31 : En el caso de remate de bienes no registrables, el tribunal agregará al expediente la constancia –como acta provisoria de subasta- del resultado del remate. Una vez verificado el pago en su Panel de Control, se procederá a la confección del acta definitiva de remate, que será suscripta por el funcionario judicial y Martillero interviniente, la que se pondrá a la oficina por el plazo y a los efectos de ley, habilitándose al Martillero a realizar la entrega de los bienes subastados a los respectivos compradores.

Artículo 32: En el caso de remate de bienes registrables, el tribunal agregará al expediente, la constancia –como acta provisoria de subasta- del resultado del remate, debiendo el adjudicatario ratificar su compra y constituir domicilio en los términos del art. 88 del CPCC, compareciendo personalmente, mediante escrito firmado conjuntamente con su letrado patrocinante, o por vía de apoderado con facultad de representación en un plazo de CINCO (5) días hábiles de concluida la subasta, sin perjuicio de disponer una ampliación en los términos del art. 163 del CPCC, lo que deberá ser solicitado antes del vencimiento de aquel plazo. Todo ello será asentado en el acta definitiva de subasta, la cual se pondrá a la oficina por el plazo y a los efectos de ley.

En el oficio de comunicación de subasta dirigido al Registro pertinente deberá informarse el resultado del remate, incluyendo los datos de los tres mejores postores.

En el supuesto que el tribunal hubiera dispuesto el pago de un porcentaje del valor ofertado al cierre del Acto de Subasta, el adquirente deberá abonar el saldo del precio mediante transferencia a la cuenta judicial a la vista del expediente en cuestión, cuando el tribunal interviniente así lo ordenare.

Artículo 33: No verificado el pago por el adjudicatario en el plazo de setenta y dos (72) horas, el tribunal deberá dar aviso al segundo o al tercer mejor postor -siempre que éste último no sea el postor remiso-, para que en el caso que mantenga su interés en la compra, cumplimente el segundo mejor postor, o el tercero en su defecto, lo establecido en los artículos precedentes. Caso contrario, la subasta se declarará desierta.

Artículo 34: Ante el incumplimiento del adjudicatario, la Dirección de Administración del Poder Judicial de Córdoba quedará habilitada para perseguir el cobro de la suma que resulte de calcular el veinte por ciento (20%) del valor ofertado, en concepto de cláusula penal por incumplimiento de su oferta, según lo dispuesto por los artículos 974 y 790 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto, el Tribunal transcribirá el apercibimiento en el decreto que ordena la subasta, y en caso de declarar remiso al adjudicatario, emitirá un certificado de deuda conforme a lo informado por la Oficina de Subastas, en los mismos términos dispuestos por el artículo 263 del Código Tributario provincial, siendo el monto resultante destinado a la cuenta de Tasa de Justicia.

Artículo 35: Derogar el Reglamento aprobado por ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO VEINTIUNO- SERIE "B", de fecha primero de julio de dos mil catorce, así como toda norma que se oponga al presente, sin perjuicio de la validez de las subastas dispuestas en cumplimiento de dicho acuerdo.

Fuente https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/

¿Se ha Institucionalizado la Corrupción en los Consorcios?

2022-09-16 00:00:00

Siempre hemos señalado las semejanzas existentes entre los consorcios y la sociedad argentina, siendo el primero un espejo de la segunda.

La corrupción es un eufemismo genérico que incluye la coima, el mirar para otro lado, el aceptar lo inaceptable, lo inconsulto, el manejar dinero de terceros en provecho propio, el tener testaferro, la insolvencia fraudulenta, el considerar tonto y desechable al que no acepta esas reglas de juego...

Toda corrupción tiene dos puntas: el que paga para delinquir y el que delinque por la paga. Pero si el segundo administra dinero ajeno tiene responsabilidades agravadas.

No voy a mencionar aquí a los administradores públicos sino a los privados, es decir a los administradores de consorcios de propiedad horizontal.

Quien administra un consorcio es representante legal y mandatario del mismo (art 2065 CCC) y como tal debe cumplir - en todo su accionar- con la legislación argentina vigente.

El administrador prestamista que “presta” inconsultamente al consorcio con dinero ajeno, funcionando ciertamente como una financiera o un banco, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que renuncia o no se le renueva el mandato y vacía al irse la cuenta corriente consorcial, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que pacta con proveedores notorios sobreprecios, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que hace acuerdos extrajudiciales con morosos en provecho propio y lo oculta a los propietarios, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que no convoca a asamblea y resuelve a sola e inconsulta voluntad, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que retiene y no entrega las pertenencias del consorcio al finalizar su gestión, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

El administrador que recauda dinero para pagar contribuciones patronales y aportes personales de los trabajadores y no deposita en tiempo y forma esos montos, no solamente viola la ley sino también la confianza depositada en él por los propietarios.

Cumplir la ley civil

Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión (art.368 CCC).

Obligaciones y deberes del representante: de fidelidad, lealtad y reserva; de comunicación, que incluye información y consulta; de prohibición, como regla, de adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de su representado; de restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado al concluirse la gestión.(art 372 CCC).

Son necesarias facultades expresas para dar o tomar dinero en préstamo (art.375CCC).

Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a: cumplir los actos comprendidos en el mandato, con el cuidado que pondría en los asuntos propios, informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses, dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y ponerlo a disposición de aquél, rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del mandato, exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión encomendada, entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los intereses moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio (art.1324 CCC).

Conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato, o renunciar (art.1325 CCC).

No violar la ley penal. No cometer delitos.

Delito de defraudación: El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver; el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos (art.173 CP).

CONCLUSION

Si los propietarios acreditan que hubo alguna conducta violatoria de la legislación vigente por parte de su administración, debieran revocarle el mandato en forma urgente, ajustando su accionar al Reglamento de Propiedad Horizontal del consorcio.

Ello sin perjuicio de eventual denuncia penal.

La tardanza en actuar aumenta los daños.

QUIEREN PONERLE TRABAS A LAS ASAMBLEAS VIRTUALES?

Escribe Dra. Victoria Loisi

Hemos advertido -con gran satisfacción- que recientemente las mismas asociaciones de administradores y profesionales que se oponían a que las asambleas se desarrollaran en formato virtual, con argumentos anacrónicos y -a nuestro criterio- sin basamento jurídico suficiente, hoy finalmente entendieron y reconocen lo que venimos diciendo desde abril: Las asambleas virtuales son válidas.

En los casos en los que se celebraron virtualmente durante los pasados meses, hubo más gente que ha participado en ellas, incluso gente que históricamente no podía asistir por razones de distancia. En la inmensa mayoría de los casos su celebración fue un éxito.

Para aquellos propietarios que no pueden participar en forma virtual, hemos sugerido hacer asambleas mixtas (presencial con quienes se puedan apersonar cumpliendo los protocolos de seguridad, y por streaming con quienes no puedan hacerlo).

Cómo es eso de ponerle trabas a las asambleas virtuales?

Quienes oportunamente se oponían a la modalidad virtual y hoy la aceptan, han propuesto ahora un “protocolo” para realizarlas, so pretexto de la necesidad de establecer pautas para verificar la validez de los votos.

Demás está aclarar que dicho “protocolo” no es obligatorio ni legalmente vinculante. Se trata meramente de una propuesta. Y mucho menos si para celebrar las asambleas en formato virtual se requiere -como hemos leído- de un “proveedor externo” que certifique la titularidad de los participantes.

A nuestro criterio, esta “propuesta” esconde un negocio económico para ciertas empresas tecnológicas a costa del Consorcio. Quién cree que pagará por ese “servicio”? USTED con sus expensas.

Por supuesto que los Consorcios pueden establecer protocolos para la celebración de las asambleas, tanto presenciales cuanto virtuales, pero ello es optativo, y cada consorcio debe elegir adoptarlo o no. He participado en asambleas donde se filma la reunión, o inclusive se han contratado taquígrafos para transcribir el acto en el momento. Todo ello es perfectamente legal y válido siempre y cuando lo decidan los propietarios y no venga impuesto de terceros (llámese Estado, Asociaciones de administradores o el propio administrador).

Y cómo verificamos la identidad de los participantes? Cómo se verifica que sean propietarios?

Sin perjuicio de oponernos -por principio- al cercenamiento del derecho a la propiedad, no es menos cierto que es preciso ordenar las reuniones virtuales, debido a la falta de experiencia en el tema que tienen los administradores y los propietarios. En otras palabras, todos sabemos cómo comportarnos y cómo es el procedimiento en una asamblea presencial, pero nos cuesta un poco adaptarnos a una modalidad donde cada uno está físicamente separado del otro.

Entonces, qué parámetros debiéramos implementar para desarrollar las Asambleas virtuales?

A continuación nuestras sugerencias a dichos respectos:

1 – En todos los casos hay que cumplir el procedimiento establecido en los reglamentos. En especial en cuanto al tiempo mínimo para convocar y a las notificaciones.

2 – Las notificaciones deben hacerse formalmente: O notificando físicamente a cada propietario en su unidad o notificando en forma electrónica (por ejemplo por email o whatsapp).

Esta última opción, será aplicable en el caso que el propietario haya constituído un domicilio electrónico, ya sea indicándolo en el libro de registro de propietarios o de alguna manera fehaciente.

3 – La convocatoria deberá contener la información necesaria para poder acceder a la reunión virtual, incluyendo el link de acceso y la clave en caso de corresponder. Existiendo servicios gratuitos, el Consorcio no debiera pagar cánones por ninguna “tercerización”, si bien podría hacerlo en caso que la Asamblea aprobara expresamente dicho gasto.

4 – En caso que la mayoría de los asistentes desconozca la identidad de alguno de ellos, el propietario en cuestión podrá exhibir la documentación en pantalla (pueden usarse varios métodos para ello, ya sea exhibiendo el DNI manualmente, o, habiéndolo fotografiado o escaneado previamente, compartir pantalla y mostrarlo a todos los presentes).

Como vemos, no hay necesidad de “protocolo” alguno para celebrar las asambleas virtuales, sino sólo sentido común.

Pero claro, a veces olvidamos que es el menos común de los sentidos, máxime cuando puede haber un negocio escondido de por medio.

® Liga del Consorcista https://ligadelconsorcista.org/

¿EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CONSORCIO ES RESPONSABLE CON TODO SU PATRIMONIO?

2022-09-16 00:00:00

Esta es una pregunta que suelo oír muy frecuentemente. Muchos consejeros están preocupados de tener que responder con sus bienes y -temerosos de que algo suceda- están dejando su cargo. También hay que aclarar que esto a veces es fomentado por algunos administradores que no desean tener miradas sobre sus hombros.

La respuesta corta y concisa a la pregunta que titula el artículo es NO.

Para la respuesta larga y más elaborada vamos a aclarar algunos conceptos.

En primer lugar quién responde ante eventuales daños reclamados por un tercero es el Consorcio y eventualmente el administrador del consorcio. Tal es así, que si leemos el Código Civil y Comercial verificamos que mientras que el Consejo tiene “atribuciones”, es decir facultades, que puede o no ejercer, el administrador tiene “obligaciones”.

En segundo lugar el “status” de consejero no implica mayor responsabilidad frente a terceros. Es decir, vamos a graficarlo con un ejemplo: Vamos a suponer que Juan es miembro del Consejo junto a Pedro y María. Si Juan pone su firma a un cheque que después resulta no tener fondos, ¿puede ser legalmente responsable? ¡Por supuesto que sí! Pero no más responsable que cualquier otra persona que firme un cheque sin fondos. Su condición de consejero nada tiene que ver con esta responsabilidad. Tal es así que tampoco afectaría a Pedro y María.

En conclusión, podemos decir que la responsabilidad del consejo es exactamente igual que la de cualquier persona que debe de responder por sus propios actos.

Lo que mayormente puede preocupar a los consejeros son estas dos funciones o atribuciones: controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio y autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Cabe tomar en cuenta que el consejero no es un auditor sino sólo un propietario. Ya hemos hablado de este tema aquí.

Para dejar de lado esas preocupaciones hay que saber que las funciones o atribuciones pueden ser limitadas por la asamblea, pero las obligaciones deben inexorablemente cumplirse.

Recordemos además, que el Consejo tiene derechos que el propietario común carece, como por ejemplo, el de convocar a asamblea (art. 2064 Código Civil y Comercial). Ser miembro del Consejo no debiera ser visto como una pesada carga.

Siempre es conveniente tener un Consejo de Propietarios imparcial y que sirva como contrapeso al poder del administrador.

® Liga del Consorcista https://ligadelconsorcista.org/

Subastas On Line. Naturaleza Jurídica

2022-09-15 00:00:00

Subastas on line. Naturaleza jurídica

por GABRIEL A. CAMPOLI

2001

REVISTA www.saij.jus.gov.ar pág. 1

Id SAIJ: DACF010079

RESUMEN:

El nuevo mundo del ciberespacio - que se apodera de nuestros ojos y admiración - ofrece una serie de cambios tan veloces que hace que los Hombres de Derecho nos avoquemos con premura al estudio de las actividades desplegadas en él y de su regulación.

El presente análisis pretende partir desde nuestra doctrina tradicional - con la caracterización de los elementos que componen la Subasta - para llegar a establecer qué rasgos hacen a la naturaleza de estos novedosos actos.

Con claridad meridiana podemos sostener que se trata de una modalidad de Compraventa, pero que en la misma se advierte que no existe actividad por parte del actor que, como indica la Ley 20.266 (art. 23), es el único habilitado para anunciarla y llevarla a cabo.

Nuestra doctrina y jurisprudencia, reiteradamente, tienen dicho que no es tarea de las leyes definir conceptos.

Este vacío legal es, justamente, el que hoy nos concentra y hace que los interrogantes traídos a este estudio a raíz de sus consecuencias, procuren dilucidar si estamos - o no - en presencia de remates, y si ellos deben ser alcanzados por el marco de la citada Ley, o si bien merecen una regulación específica, acorde con la novedad de su operatoria.

FUNDAMENTOS:

Caracterizar qué es una subasta a través de lo que nuestra doctrina considera sus elementos esenciales, obliga a recurrir a su significado etimológico:

"Subasta: de sub, bajo y hasta, lanza (bajo la lanza). Según la costumbre romana, para indicar la cosa que se ponía en venta pública se le colocaba sobre ella una lanza o asta. El asta - cosa material - pasó a ser un símbolo, y significaba que el acto de la venta estaba bajo la protección de la fuerza pública. La costumbre actual de colocar en el lugar donde se efectúa el remate un asta en la cual se sujeta una bandera con el nombre del martillero que ejerce la subasta, es una tradición de aquellas prácticas. Cuando se trataba de la subasta de esclavos se aplicaba la venta "subcorona", expresión motivada por el hecho de colocársele una corona en la cabeza a los seres puestos en venta.". (Eduardo L. Lapa, "Manual del Martillero Público y del Corredor (pie de pág. 4, subíndice 0, Ed. Depalma 1.999, 11ava Edición).

De ello extraemos el primer elemento caracterizante de una subasta -sinónimo de remate - desde su origen histórico: venta pública.

Este requisito es cumplido por las subastas on line, dado que - en las mismas - se realizan ofertas de contrato a personas indeterminadas (ya que es imposible determinar de antemano quién será el comprador, si es que hay alguno que supere la base con su oferta.).

Cabe recordar que la oferta pública es una oferta de contrato a persona indeterminada, conforme a nuestra doctrina y a la definición de la ley 24.240.

Lapa también enseña que: "Cuando se habla de subasta, generalmente se hace referencia a la subasta en Roma; sin embargo, no debe dejar de reconocerse la importancia que ella alcanzó en Grecia, donde sus habitantes realizaban sus operaciones y contratos por este medio.

Eran conocidas todas las especies de subastas (administrativa, judicial y particular), pero las que más trascendieron fueron las subastas administrativas, tal vez por la extraordinaria organización y por las estrictas formalidades que debían reunir..... En Grecia las subastas se realizaban en el ágora (plaza pública) donde estaba la tribuna desde la cual el heraldo la llevaba a la práctica. Este, que ya había pregonado con anticipación el pliego de condiciones, el día de la subasta, desde la tribuna, excitaba las pujas, pero el que adjudicaba al mejor oferente era un magistrado (hieropes en Delos, poleta en Epidauro). (ob.cit., p.4 y ss.) De este raconto histórico extraemos otros tres elementos que la caracterizan:

1) Existencia de la puja, necesaria para el proceso de formación del precio final, razón de ser a la subasta.

2) Adjudicación, - por quien la dirige o por un tercero - de ella nacen las obligaciones para ambas partes y su responsabilidad en el cumplimiento del contrato.

3) Adjudicación al mejor oferente, para que no desaparezca la finalidad de la subasta como medio de venta destinado a obtener el mayor precio posible.

Conforme con esta interpretación, nuestra doctrina nacional define: "En efecto, en nuestro sistema, el mecanismo del remate se explica, jurídicamente del siguiente modo: El rematador en la fecha, hora y lugar determinados en la publicidad efectuada por anticipado, explica en voz alta, idioma nacional y con precisión y claridad, los caracteres, cualidades y condiciones legales del bien y los gravámenes que pesan sobre él, si existieren, ofreciendo su venta al público. Esta oferta es una declaración de voluntad recepticia, dirigida a persona indeterminada; cuando se produce la aceptación por cualquiera de los concurrentes a la subasta, se produce el acuerdo de voluntades que perfecciona y concluye el contrato entre comprador y vendedor, pero sujeto a la condición resolutoria de que no se ofrezca una suma mayor; si ello ocurre el contrato queda automáticamente resuelto y nace uno nuevo con el mejor postor." (Fernández-Gómez Leo, Tratado teórico práctico de Derecho Comercial, Tomo II, Depalma, B.A. 1.985, pág. 430) A los elementos ya descriptos nuestra doctrina agrega:

1) El contrato lo concluyen entre el comprador y el vendedor.

2) Este se produce al aceptarse la oferta por cualquiera de los compradores, proponiendo el pago de la base o mejorando la última expresada.

3) La compraventa se encuentra sometida a la condición resolutoria de que no se produzca una oferta mayor, dado que si esto ocurre el contrato original queda resuelto y nace uno nuevo con el mejor postor. Aquí la novedad se manifiesta en que el contrato cuenta con una condición resolutoria, y se reafirma la puja como elemento esencial de las subastas.

De estos elementos se desprende que, si bien el martillero interviene en la operación, el contrato de compraventa lo realizan el comprador y el vendedor; y, al nacer un contrato por cada oferta, su lógica implicancia nos indica que: De cada oferta, nace un doble juego de obligaciones jurídicas, para el vendedor la de dar cosa cierta y para el comprador la de dar una suma de dinero, lo cual caracteriza cualquier modalidad de compraventa y hace demandable judicialmente la prestación incumplida; esto demuestra la perfección del contrato por la emisión de una nueva oferta.

Algunos autores también señalan como elemento el famoso "golpe de martillo", pero éste se produce sólo en forma simbólica; adviértase que, por lo general, las definiciones de Martillero no lo incluyen:

"Curti: Este es el que vende mercancías o inmuebles en pública subasta.

Garrone: Es un intermediario en el tráfico de bienes. Es el agente en el remate de bienes. Es el agente en el remate o subasta, que es venta pública y que se propone de viva voz adjudicando el bien a la mejor postura.

Castillo: Se llama rematador o martillero a la persona que se encarga de la venta, públicamente, al mejor postor, de bienes de otras personas.

Zavala Rodríguez: Es el mediador que interviene en esa operación, transmitiendo la propuesta de venta y recibiendo las ofertas de precio y aceptando la más conveniente." (Miguel A. Piedecasas, Régimen Legal del Martillero y de la Subasta Judicial, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 19/20).

De estas definiciones, rescatamos que:

a) La subasta es una venta pública.

b) El bien se adjudica a la mejor postura.

c) Los bienes son de otras personas.

d) El martillero es el mediador en la operación.

e) ... transmite la propuesta de venta.

f) ... recibe las ofertas de precio.

g) ... acepta la oferta más conveniente y esto obliga a las partes.

h) Como puede apreciarse el "golpe de martillo" es meramente simbólico, y sólo hace a lo actuado de la venta, dado que podría ser reemplazado por ej. por una comunicación escrita a ambos contratantes si no se encontraren presentes sin que la falta del golpe de martillo deviniere en la nulidad de la subasta.

El simbolismo del golpe de martillo resulta más notorio si se tiene presente que la puja termina cuando no hay más ofertas, o sea antes del mentado golpe - cuando el martillero ha recibido todas las ofertas - y que podría no existir si el remate se limitara por otro medio, por ejemplo por tiempo, en cuyo caso quien realizare la oferta mayor dentro del tiempo establecido resultaría el comprador.

De todo lo expuesto podemos inferir que si la actividad estudiada cumple con los requisitos a) al h), nos encontramos frente a una subasta de las reguladas por la Ley 20.266 - de orden público por propia definición y por ello indisponible para las partes -.

Analizando los reglamentos de los mayores realizadores de subastas on line en el país: Mercado Libre y DeRemate. - obtenidos de los propios sites Anexo A y B respectivamente - , tenemos que:

a) Caracteres de Venta Pública: La venta es pública cuando el proponente de venta u oferente realiza una oferta de contrato a persona indeterminada, los tres casos más comunes de venta pública de nuestro derecho son:

1) Oferta pública de bienes a precio fijo: es la que realizan los comercios al publicar ofertas de determinados bienes a un precio incluido en el aviso, que podrá ser aceptado o rechazado, pero nunca modificado por una contraoferta (no hay puja).

2) Avisos clasificados con precio a convenir: el vendedor coloca el aviso en un medio de difusión pública y recibe las ofertas, adjudicando la venta según un criterio de selección muy variado, que puede ser el precio (aunque puede no adjudicar al mayor), las condiciones de pago, las garantías o hasta simpatía personal, por no estar obligado a receptar o aceptar ofertas que no sean de su agrado.

3) Subasta Pública: En este caso se realiza la publicidad del bien objeto del contrato; y, en este procedimiento, el vendedor, una vez que un comprador cualquiera realiza una oferta que supere la base, tiene la obligación de adjudicar por sí o por tercero a quien ofreció el precio base o a quien realice la oferta de precio mayor y el que realice la mayor oferta tiene se obliga a comprar al precio ofrecido. En ambos casos nace la posibilidad del contratante a quien no se le cumpliere la misma de accionar ante la justicia para obtener el cumplimiento forzado de la misma o bien el resarcimiento por daños y perjuicios, aún si el bien pudiere venderse en otra subasta.

Veamos los reglamentos de los sitios:

ANEXO A, Pág.3, Item 7 "OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:"y ANEXO B, Pág. 3 Responsabilidades del Comprador. La sola lectura de las cláusulas citadas despejan cualquier duda en referencia a que tipo de venta pública es la que realiza el sitio, al menos en lo atinente al comprador, quien queda obligado por la oferta realizada.

Desde el punto de vista de la parte compradora, y según el propio reglamento de las páginas, la operatoria que nos ocupa es una subasta.

ANEXO A, Pág.4, Item 8 OBLIGACIONES DEL VENDEDOR y ANEXO B, Pág. 3 y 4 Compromisos de los Vendedores. Ambos reglamentos indican que una vez recibida una oferta que alcance o supere la base, ya existe contrato de compraventa, dado que ambos impiden deshacer o retractarse. Es claro que las páginas consideran que el contrato se perfecciona para el vendedor con la sola recepción de una oferta que alcance o supere la base, ya que el contrato que liga a las páginas con los Vendedores obliga a los mismos a vender si se cumple la condición resolutoria de alcanzar la base.

De los mismos se desprende que para el vendedor, la presente venta pública es una subasta, según los términos de los reglamentos publicados, toda vez que obliga a vender a quien realice la oferta más alta o aquella que supere la base.

Para demostrar carácter público de la actividad de las páginas, sólo nos resta remitirnos el párrafo primero de la hoja 1 del ANEXO A La mención a cualquier persona denota el carácter de público del servicio prestado.

b) ADJUDICACION A LA MEJOR POSTURA: Para ambas partes - según se vio en los reglamentos - la mayor oferta indica claramente el nacimiento de derechos y obligaciones que muestran a las claras la perfección del contrato de compraventa, que según dichos términos son reclamables por vía judicial, por lo cual son derechos y obligaciones y no meras expectativas.

Ante el caso sub exámine, desde que se realiza la mayor oferta, esta adjudica la venta al mejor postor, quien asume automáticamente la obligación de pagar el precio, recibiendo como contraprestación la obligación del vendedor de entregar el bien.

c) LOS BIENES SON DE OTRAS PERSONAS: Los bienes ofrecidos son de propiedad del Usuario Vendedor (Página 2 del ANEXO A, y Pág.1, Párr. 4, y Pág.3 Párr.4, ANEXO B).

Si nos remitimos al primero de ellos veremos además la naturaleza jurídica de la relación contractual que une a los usuarios vendedores con la página, es claro que los vendedores consignan las mercaderías a vender, y de esto nace de una relación de comisión o mandato, según los casos entre los usuarios vendedores y Mercado Libre, por más que después se niegue dicha relación.

d) EL MARTILLERO ES EL MEDIADOR EN LA OPERACION: Para estos fines la palabra mediador implica un desempeño como intermediario y no como la actividad profesional conocida como mediación.

Hecha la aclaración precedente, cabe destacar que la intermediación que realiza el martillero en este punto tiene una estrecha relación con los extremos identificados como e) y f), es decir que se constituye en intermediario o mediador al ser él quien transmite la oferta de venta y recibe las propuestas de compra.

Es esta intermediación del Martillero la que lo convierte en mandatario del vendedor, a la vista de que cumple con sus indicaciones en cuanto a las publicaciones a realizar y su modalidad, como así también la recepción de las ofertas en su nombre para adjudicar la venta al mejor postor. Son éstas y no otras las acciones que convierten al Martillero en Mandatario del Vendedor, para lo cual es necesario:

1) Que haya un contrato entre el vendedor y el Martillero.

2) Que ese contrato verse sobre las obligaciones de las partes para la venta y sus condiciones.

Veamos el ANEXO A, en su página 2, Item 3 MODIFICACIONES DEL ACUERDO, y ANEXO B Pág.3, Párr. 4) Es por demás claro el texto en cuanto a la existencia del vínculo CONTRACTUAL entre las páginas y los Usuarios, con lo cual se da por cumplido el primer requisito, existe un contrato.

Si analizamos ahora lo ya descripto con referencia a las obligaciones del vendedor y las prohibiciones que este acepta soportar podemos ver que en lo referente al Vendedor, el citado ANEXO no es otra cosa que los Términos Contractuales que cada parte se OBLIGA a respetar.

Pues bien, aboquémonos a la tarea de examinar las condiciones de funcionamiento del ya comprobado contrato: Para resumir sus obligaciones, me remito a lo expresado ut supra respecto de la obligación del Vendedor, entregar a la mejor oferta recibida y a los deberes de veracidad y buena fé que el mismo acepta cumplir, bajo la estricta vigilancia de su mandatario - la página que ofrece el servicio - , quien puede a propio criterio tomar medidas de coherción en contra del Usuario Vendedor si la empresa considera que el mismo no respeta sus obligaciones. En todo momento el fin y el objeto del contrato entre ambas partes en todo su texto no es más que un listado de condiciones bajo las cuales la página pondrá en venta los bienes del Usuario

Vendedor, haciéndose cargo de la publicación, la transmisión de la oferta y de la recepción de las propuestas de precio y adjudicando al mejor postor, para obligar al vendedor con éste, de donde nuevamente podemos extraer la relación de mandato que existe entre ambos.

Cabe ahora destacar la intervención directa de las páginas durante toda la operación de venta: (ANEXO A, Pág. 5 Item 11 y 12 y ANEXO B, Pág. 5 Inc. f).

Surge de la sola lectura la intervención directa de los sites en las cuentas de los Usuarios y el poder de control que la empresa ejerce sobre los vendedores a la manera de los verdaderos Martilleros sobre los mandatos otorgados por sus clientes, ya que ningún Martillero volvería a trabajar con un mandante que incumple sus obligaciones contractuales, legales o transaccionales, a la vista de que lo que se intenta preservar es el buen nombre del mandatario. Para mayor claridad conceptual, es importante la lectura del Item 12 ANEXO A y del Inc. f, Pág. 5 ANEXO B.

Como se aprecia, estas extraordinarias facultades de hacer y deshacer con respecto de los bienes ofrecidos indican claramente una acción de intervención, y no poner un marco de contacto, lo cual nos demuestra la relación contractual y de vigilancia que ejercen los site.

Me remito ahora a la definición de mandato según nuestro Código de Comercio: "Art. 221: El mandato comercial, en general, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda".

Alguien encomienda algo?. La respuesta es sí, los Vendedores encomiendan o consignan a los sites la venta de sus bienes.

La contraparte se obliga a administrar?. La respuesta es afirmativa también, puesto que las páginas se obligan a Publicar el bien, Recibir las ofertas que se hacen y Comunicar al vendedor quien resulta comprador; las mismas obligaciones que asume un Martillero cuando alguien le encomienda la venta de un bien en pública subasta.

Entre las partes existe un contrato, que según se demuestra con los reglamentos es de mandato y su contenido coincide con el otorgado a los Martilleros.

e) EL MARTILLERO TRANSMITE LA PROPUESTA DE VENTA: Parte del mandato del martillero - quizás la más importante - es transmitir la propuesta de venta, ya que sin ella sería imposible llegar de forma alguna a la concreción del contrato.

Como se puede apreciar en los contratos de los sites con los Vendedores, la página transmite la oferta, ya que es quien la publica en su propia página web.

f) EL MARTILLERO RECIBE LAS OFERTAS DE PRECIO: Para el análisis de este extremo, vuelvo a remitirme al ANEXO A, ahora en su página 4, del Item 7, Obligaciones del Comprador y ANEXO B Pág.4

Responsabilidades del Comprador; de donde se desprende que quien recepta y procesa las ofertas es el site, desde el momento en que las mismas no son válidas si ellos no las procesan, lo cual implica que son los sites quienes reciben y validan las ofertas de precio.

g) EL MARTILLERO ACEPTA LA OFERTA MAS CONVENIENTE Y ESTO OBLIGA A LAS PARTES: Este

extremo quedó debidamente fundado al hablar de la oferta pública y demostrar que según los reglamentos, ellos reciben las ofertas, toman la mayor de ellas y esto hace nacer el contrato que obliga al vendedor y alcomprador.

h) EL GOLPE DE MARTILLO: Este simbólico acto se ve en este caso reemplazado por el vencimiento del tiempo según indican los propios sites. CONCLUSION Y SUGERENCIAS:

Luego de haber realizado el análisis de los elementos que integran el acto conocido como subasta y haber comparado el mismo con la actividad que realizan los sites que ofrecen el servicio on line, y, a la vista de la coincidencia de los reglamentos publicados y acompañados como ANEXO A y ANEXO B, la conclusión surge por sí misma, ante la presencia de todos los elementos que caracterizan al acto conocido como subasta, no existe otra posibilidad que considerar que el servicio que ofrecen Deremate, Mercado Libre y otros similares es un remate.

¿Pueden estas empresas que claramente realizan subastas hacerlo sin la autorización respectiva?. No deberían, pero lo hacen, amparados en los vacíos legales que se generan en Internet, pero a la vista de los fundamentos expresados en la presente ponencia y a fin de promover el cumplimiento de la legislación

Argentina vigente en la materia sería recomendable que las empresas que operan con este tipo de servicios adecuen su actividad a lo normado por la Ley 20.266 - de Orden Público - a fin de evitar daños potenciales a los consumidores por falta de control, y a los Profesionales del martillo por ilícita invasión en su regulada actividad.

RECOMENDACIONES:

Como colofón de la presente ponencia me permito recomendar:

a) Se declare expresamente que la actividad realizada en la red por las empresas que ofrecen subastas on line presenta la naturaleza jurídica de una subasta.

b) Se informe a quien tiene el control de la actividad para que las empresas regularicen su situación en defensa de los intereses de consumidores y usuarios.

c) Se realicen las acciones necesarias tendientes a la normalización de la actividad según lo prescrito por la Ley 20.266.

Ley 25.246 Encubrimiento y lavado de activos provenientes del delito

2022-09-14 00:00:00

DESCARGAR LEY 25246 LAVADO DE ACTIVOS NAC.

Ley 11379. Extinción de dominio Prov. de Santa Fe

2022-09-14 00:00:00

DESCARGAR LEY 11379 EXTINCION DE DOMINIO STA.FE

11 de Octubre Día del Martillero !! La Subasta y el Corretaje

2021-11-18 00:00:00

LA SUBASTA Y EL CORRETAJE COMO INSTITUTOS DEL DERECHO ROMANO :

Como sabemos la expresión SUBASTA , DERIVA DE LA EXPRESION LATINA “ sub. hasta venditio ” , esto es vender “ Bajo el asta, esta asta o lanza o pica se utilizaba como símbolo de autoridad o del poder romano y se elevaba del suelo antes de comenzar el acto de venta publica del botín de guerra tomado al enemigo , en ejercicio del derecho de vencedor y como símbolo de la propiedad quiritaria.
No obstante, existe otro antecedente de subasta dentro del Derecho romano, que es resultado de institutos procésales mas complejos y con sustento judicial. Así se reconoce “la bonorun vendictio” proceso que en la actualidad podríamos vincular con proceso de realización de activos en concurso y la quiebra . Mediante este procedimiento , los bienes del deudor eran puestos a disposición del “curator bonorum”, especie de sindico , quien en su caso requería del pretor la designación de un “ Magíster bonorum” que procedía a la “ bonorum vendictio ” adjudicado este en subasta publica al mejor postor o al mejor compensador del crédito de los acreedores concursales, a este ultimo (comprador) se le denominaba “ bonorum emptor” y se le trasmitía la propiedad.
En Roma en se les llamo “mediatores” , denominacion esta que fue usada por Justiniano , definiendo sus funciones en una ley del Digesto ( lib. L, titulo XIV, nro. 3): “son los mediadores que intervenían en la compras y en las ventas , en los contratos lícitos y por costumbre estaban admitidos por causa de utilidad. Junto con el “pacto proxenetiun “, también fueron contempladas estas labores en las Pandectas ( tit. 14, lib. 4) según los fragmentos de Ulpiano , no procedian contra el “proxenetae” la “actio mandati” ni la “actio conductio ”, pero si podían ser demandados por la “actio doli” es decir por su obrar doloso.
Por ese tiempo los “mediatores” tenían carácter de personas privadas y sus cargos eran libres y sin restricciones y ejercían en las provincias romanas. En Roma propiamente existían los “argentarii ” estos ultimos ejercían sus funciones en Roma, y eran nombrados por el “prefectus urbi” quien podía suspenderlos en sus funciones y prohibirle la entrada al Foro, sin perjuicio de las regulaciones que, como otras profesiones, dictaban su propio “ Colegiun Oficiun “.
EN LA EDAD MEDIA nace a la vida juridica un nuevo derecho , el Derecho Comercial , con la intensificación del comercio, en este periodo histórico, aumentaron considerablemente las actividades de estos agentes, desarrollándose un incipiente derecho de corretaje, elaborado sobre la base del sistema de la edad antigua el que seguramente había persistido merced a los fenicios y en particular a los árabes y su expansión mediterránea , se les denominaba “ sensarius ”, y “ sisa “ a sus comisiones , con una fuerte inclinación al sistema corporativo.
Instituciones como la llamada “banca rota ” de efecto universal, terminaban también en ejecución mediante subasta de los activos del fallido, para resarcir a los acreedores.